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El fuego sagrado

Actualizado 05/06/2005 - 08:33:40

CUANDO se dice que las víctimas siempre tienen razón no estamos ante un simple formulismo retórico. Las víctimas -y sus deudos, a los que se extiende en vida la condición atormentada de protagonistas del sufrimiento sin paz- constituyen la memoria social del drama del terror y la violencia, y son el soporte moral que sirve a la democracia para luchar contra su principal enemigo contemporáneo. Las víctimas tienen razón primero por ser víctimas -esto es, objetivos arbitrarios de una agresión irracional dirigida contra el cuerpo de la sociedad libre y abierta-, y luego porque, en tanto lo son, resultan depositarias de nuestra voluntad colectiva de resistir y de luchar. Como en la Atenas que defendía con unánime heroísmo cívico su sitiada libertad, las víctimas son hoy, desde su dolor, las vestales que vigilan el fuego sagrado de la democracia.

La respuesta de la sociedad española frente al desafío terrorista se había basado, hasta ahora, en un compromiso de resistencia común que encontraba en las víctimas la razón para no desmayar. Ese consenso surgió en Ermua, allá por el dramático verano del 97, cuando la infamia alcanzó un punto de no retorno en el cuerpo inerte de Miguel Ángel Blanco. Surgió entonces una honda determinación de resistir, una sacudida moral de repugnancia y hastío que extendió el grito de «Basta Ya» por todos los rincones de España. La política antiterrorista cifrada en el Pacto por las Libertades de 2003 arranca de ese espíritu de defensa democrática que aglutinó a los dos grandes partidos con un proyecto nacional en torno a la firmeza sin fisuras frente a la amenaza que comprometía los cimientos del Estado.

Lo que cientos de miles de ciudadanos expresaron ayer en la calle Príncipe de Vergara de Madrid no es sino su voluntad de que ese espíritu de resistencia no se doblegue ahora. El Gobierno ha decidido, con toda legitimidad, explorar otra vía, pero muchos españoles no encuentran el motivo por el que ha de quebrarse este consenso que ha dado fuerza y cohesión al sistema democrático. Se trata de luchar o no luchar; el viejo dilema hamletiano actualizado por el final de los célebres versos: «Enfrentarse a un piélago de calamidades y acabar con ellas luchando». Los que ayer desfilaron bajo la pancarta de «No en mi nombre», y muchos millones más que les apoyan desde el silencio de sus hogares, mantienen una razonable reserva sobre las posibilidades de éxito de un cambio de estrategia que sustituya el combate por la negociación, y entienden que el Ejecutivo y sus nuevos aliados -poco fiables en la medida en que nunca quisieron sumarse al Pacto Antiterrorista- pueden acabar cambiando la resistencia por el desistimiento.

Nada más inadecuado, por ello, que la arrogancia con que el Gobierno manifestó el viernes, a través de su vicepresidenta, su decisión de desoír esta protesta multitudinaria. La democracia es un régimen de opinión pública que se expresa también a través de manifestaciones, y que con frecuencia demuestra -lo acabamos de ver en los referenda europeos de Francia y Holanda- que la opinión de los ciudadanos no coincide con la del Parlamento. No hace falta recordar el ahínco con que los ahora sordos voluntarios reclamaban a Aznar, durante la guerra de Irak, que escuchase la voz de la calle.

La marcha de ayer testimonia la existencia de un significativo número de ciudadanos contrarios a un cambio de política contra el terrorismo. Unos ciudadanos entre los que se cuenta la mayoría de las víctimas, desamparadas ante lo que consideran una claudicación ante su memoria. Negarse a escucharlos representa emprender una vía de ruptura civil sin retorno. O con un retorno muy comprometido.

Al romper el consenso mayoritario en materia antiterrorista, el presidente Zapatero ha situado al país ante una quiebra moral que no sólo ha dividido a las víctimas, sino que ha provocado una corriente de inquietud ciudadana ante la posibilidad de que ETA y sus cómplices puedan obtener un precio político a cambio de un hipotético cese de la violencia que, además, está bien lejos de producirse.

Además, la vía anunciada -el Gobierno sostiene con vehemencia que aún no ha sido emprendida- contiene numerosos puntos de riesgo que nadie puede soslayar desde la razón de la evidencia. Aunque en los últimos días se haya producido un verificable repliegue de sensatez, el Estado ha emitido signos de su voluntad negociadora antes de que los terroristas depongan las armas, fiándose tan sólo de indicios confusos, y ello supone dejar en manos de ETA la llave de un proceso que puede acarrear consecuencias irreparables. No sólo para el Estado en sí, sino incluso para el propio Gobierno, que de algún modo va a unir su suerte al éxito de una estrategia cuyos resortes profundos no controla.

Nadie duda de la voluntad de Zapatero de encontrar una solución al largo problema del terrorismo, sino de la idoneidad de la vía elegida. Primero, porque no cuenta con la anuencia de las víctimas, un factor esencial a la hora de lograr la necesaria cohesión social de la iniciativa. Segundo, porque su apoyo es cuantitativa y cualitativamente menor que el que aglutinaba la actual política de consenso antiterrorista. Tercero, porque supone reconocer al terrorismo y su entorno una cierta legitimidad política. Cuarto, porque entraña un peligro cierto de debilitar al Estado. Y quinto porque, como demuestra la manifestación de ayer, divide a la sociedad española y siembra en ella un factor de desconfianza y discordia que, de alguna manera, entrega a los terroristas su primera gran victoria moral.

Hasta ahora, Zapatero había fracasado en la tarea imprescindible de recolectar el consenso de las víctimas, pero desde ayer sabemos que las tiene decididamente en contra, junto a una amplia porción de la sociedad española. En vez de preocuparse de ganar primero la voluntad de los depositarios morales del espíritu de la resistencia, el Gobierno ha preferido orillarlos y desoírlos. Grave error que el presidente debería reconsiderar cuanto antes, incluso para continuar con su estrategia. De otro modo, si tiene un más que posible contratiempo se va a hallar en serios problemas para volver atrás, porque atrás ha dejado una escombrera de desavenencias y divisiones de la que brotan -«no en nuestro nombre»- las voces de advertencia que no quiere escuchar desde la misteriosa, inexplicable soberbia que parece habitar de modo perenne entre los muros de la Moncloa.
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