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La Fiscalía pide que declaren en el proceso contra Batasuna políticos, periodistas, intelectuales y policías

La Fiscalía y el Gobierno presentaron ayer en el Tribunal Supremo sus respectivas demandas de ilegalización contra Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. La Fiscalía incluye en el relato de hechos el clima de coacción y confrontación civil provocado por la coalición proetarra en el País Vasco y, para demostrarlo, pide que se cite como testigos a políticos, personalidades de la cultura y la universidad y agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Actualizado 04/09/2002 - 09:02:12
Trabajadoras de la Fiscalía, con la documentación de la demanda. Chema Barroso
Trabajadoras de la Fiscalía, con la documentación de la demanda. Chema Barroso
MADRID. La Fiscalía General del Estado ha querido basar en la solidez de la prueba testifical sus argumentos para ilegalizar a HB/EH/ Batasuna. Por ello, además de aportar numerosos documentos, pedirá al Tribunal Supremo que tome declaración como testigos, entre otros, al escritor y filósofo Fernando Savater; al director de la Biblioteca Nacional, Jon Juaristi; a la catedrática Edurne Uriarte; al escultor Agustín Ibarrola; al alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso (PP); a la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía (PSE), así como a varios agentes de la Guardia Civil y de la Ertzaintza que han investigado los movimientos de la llamada «izquierda abertzale». Para estos últimos se solicitarán medidas de protección de su imagen e identidad.
Todos ellos son el testimonio vivo del clima de confrontación civil, miedo y coacción que la coalición proetarra impone día a día en el País Vasco, situación que constituye uno de los hechos que la Fiscalía ha querido incluir en su demanda, según ha podido saber ABC. En total, se propone la citación de una treintena de testigos.
El escrito de demanda, de 73 folios, agrupa los hechos en quince apartados. Se han aportado ejemplos que encajan en todos y cada uno de los doce supuestos que la ley de Partidos Políticos sanciona. Asimismo, todos los hechos recogidos por la Fiscalía han tenido lugar tras la entrada en vigor de la ley, el pasado 29 de junio. Con esto, según indicaron fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha querido dotar a su demanda de un carácter de absoluta «irretroactividad», aunque ello no impide que se tenga en cuenta la trayectoria de la coalición proetarra.
Otros hechos que se incluyen en la demanda son las declaraciones amenazantes realizadas en los últimos días por el portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi; la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo y que no han rechazado la violencia etarra en la dirección de HB/EH/ Batasuna, en la listas electorales o en la militancia, sin que la coalición haya abierto expediente alguno dirigido a su expulsión; los incidentes protagonizados por ediles batasunos en Lasarte (Guipúzcoa) y Vitoria; los ocurridos en la Comandancia de Marina de San Sebastián; o la exaltación a miembros de ETA, con exhibición de sus fotografías en las fachadas de los ayuntamientos de las 34 localidades gobernadas por la coalición proetarra.
Otros medios de prueba
Junto a las declaraciones de los testigos, la Fiscalía utilizará numerosa documentación. Entre otros medios de prueba -seis cajas acompañaron a la demanda-, ha aportado un vídeo con la grabación de las declaraciones en las que Otegi amenazó a la Ertzaintza si ésta cumplía la orden del juez Baltasar Garzón y clausuraba las sedes de la coalición proetarra así como fotografías en soporte informático de las fachadas de los ayuntamientos controlados por Batasuna en los que se exalta a los terroristas presos o fallecidos.
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