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Ibarretxe prima con subvenciones a grupos afines a ETA y discrimina a sus víctimas

Pese a ser un «secreto a voces», el Gobierno vasco niega que reparta subvenciones entre organizaciones del ámbito del Movimiento de Liberación Nacional VascoMLNV. Pero lo cierto es que ETA, a través de su entramado, recibe partidas millonarias de los fondos públicos. El PP destaca «la complicidad» del PNV al que «no le molesta» que estas organizaciones «que trabajan para fortalecer a ETA, tengan medios».

Actualizado 02/11/2001 - 01:02:27
En el contexto internacional de firmeza para combatir a las bandas terroristas en todos los frentes y privarles de cualquier apoyo económico, propagandístico e ideológico, tras los atentados del 11 de septiembre, el Gobierno que preside Juan José Ibarretxe mantiene una línea de subvenciones a organizaciones del entramado de ETA, según han denunciado esta semana el PP y el PSE, a raíz de las ayudas concedidas al colectivo de familiares de presos etarras, Senideak.
Lo cierto es que, al año y medio de la ruptura del acuerdo de legislatura con EH, las instituciones controladas por el PNV mantienen la mayoría de las partidas habilitadas entonces por el Gobierno vasco como las ayudas a Senideak o al sindicato abertzale LAB. Además, la mayoría de los ayuntamientos controlados por el PNV y EA han liberado partidas a Udalbiltza, la asamblea de electos vascos nacida del Pacto de Estella con el «aplauso» de ETA.
Fuentes de Ajuria Enea consultadas por ABC desmintieron que el Gobierno vasco haya dado subvención alguna a organizaciones o movimientos del entramado del entorno del MLNV. «Ni a nosotros, ni a la justicia vasca, española o internacional le consta que algunas de estas asociaciones sean afines a ETA como tales», indicaron las citadas fuentes.
SUBVENCIONES A AEK
Según el auto dictado en noviembre de 2000 contra los entramados de ETA por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización AEK, que recibe cuantiosas subvenciones del Ejecutivo autónomo, defraudó, entre 1991 y 1999 a la Hacienda vasca y a la Seguridad Social, un total de 1.489 millones de pesetas y, pese a ello, en el mismo período recibió del Gobierno vasco 3.362 millones de pesetas en subvenciones. Según Garzón, AEK -a la que dos años antes se la acusó de haber desviado supuestamente, en 1996, nueve millones de pesetas a Jarrai, vivero de etarras- ha estado «integrada tanto en la estructura criminal de la organización terrorista ETA-KAS, en el denominado frente de masas (...), como en el apartado económico y financiero» al menos hasta 1998. AEK se encarga a través de sus centros -euskalteguis- de enseñar euskera, si bien buena parte de la sociedad elude acudir a ellos para evitar el adoctrinamiento en el nacionalismo más radical.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, el Gobierno vasco, al igual que ha sucedido con Senideak, decidió mantener su ayuda económica. En concreto, AEK recibió a través de HABE -Instituto para la euskaldunización y alfabetización de adultos, dependiente de la consejería de Cultura- 765 millones el pasado año, 130 millones más que en 1999 y 450 millones más que en 1995.
Por otro lado, AEK y HABE también se han visto envueltas en distintas polémicas por el contenido del material didáctico que utilizan, al igual que sucede con los libros de texto que se emplean en centros escolares de esta Comunidad Autónoma.
El Departamento de Cultura, en una actuación singular, impuso en enero de 1998 una «sanción grave» a un centro de AEK en San Sebastián, el Amara Berri, y a dos de sus docentes por plantear, como ejercicio práctico, el caso de un secuestro. A esta medida respondieron los responsables de AEK que HABE había aprobado ejercicios lingüísticos similares en los que se incluía una serie de juegos como el secuestro de un avión por parte del IRA.
«DERECHOS HUMANOS» Y SENIDEAK
El Gobierno vasco se ha dedicado esta semana a defender la partida de algo mas de siete millones de pesetas concedida a Senideak, a pesar de la reciente operación de la Policía Nacional contra Gestoras pro Amnistia. Entre los detenidos se encuentra uno de los responsables de Senideak en Vizcaya, Juan Antonio Madariaga. A juicio de Ibarretxe, «las organizaciones, en su conjunto, no delinquen, sino que son las personas las que delinquen» y, por lo tanto, no se puede generalizar sino que «lo que hay que hacer es comprobar con concreción las acusaciones que se puedan realizar».
Senideak comenzó a percibir subvenciones del erario público al año de la firma, en 1998, del pacto nacionalista de Estella entre PNV, EA, IU y EH. En 1999, recibió ocho millones de pesetas para sufragar los gastos de las visitas a los presos de la banda terrorista, dentro de las subvenciones que otorga el Ejecutivo a iniciativas que «divulguen, realicen o promuevan la defensa y protección de los derechos humanos», según la resolución de la Consejería de Justicia.
A la espera de los Presupuestos para 2002, el titular de este Departamento, Joseba Azkárraga, de EA, aseguró el pasado miércoles que estas subvenciones se mantendrán hasta que no se acerque a los presos etarras a las cárceles vascas y se ponga fin a la dispersión. A juicio del Ejecutivo de Ibarretxe, Senideak desarrolla una actividad «legal» y, por tanto, puede acceder a subvenciones.
VÍCTIMAS DE SEGUNDA
En cuanto al apartado de subvenciones a grupos denominados pacifistas, destaca las ayudas del Gobierno vasco a movimientos afines, frente a los colectivos de víctimas del terrorismo. Mientras Elkarri recibirá este año 14.300.000 pesetas para potenciar su «conferencia de paz» que, a juicio del PP, trata de «poner precio político a la paz», el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite recibirá cerca de cuatro millones de pesetas.
La Consejería de Justicio favoreció a Elkarri y a otros grupos del entorno nacionalista como Gesto por la Paz, frente a Covite o la Fundación Gregorio Ordoñez. Desde 1996 a 1999, Gesto por la Paz recibió ayudas por valor de 29.100.000 pesetas; Elkarri, un total de 22.825.000 pesetas, y Bakea Orain, 11.775.000. Frente a estos grupos, figuran los 3.800.000 pesetas que recibió, en el mismo período de tiempo, la Fundación Gregorio Ordoñez, o los cerca de seis millones de Covite. La ayuda que el Gobierno vasco destinó a Senideak en 1999 alcanzó los 8.000.000 de pesetas, lo que supuso doblar toda la cuantía percibida por dicha asociación en esos cuatro años.
Además, destaca cómo en el año 1996 el movimiento Gesto por la Paz recibió 7.400.000, de los que tres millones fueron a la «convocatoria de concentraciones silenciosas», y un millón al «estudio sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y elaboración de criterios válidos para el diseño de la labor de atención psicológica». En ese año, el Ejecutivo vasco dio a la Fundación Gregorio Ordoñez una única subvención de 550.000 pesetas para el «concierto de niños por la paz», y ni una sola peseta de las solicitadas para la organización de seminarios. También rechazó colaborar económicamente con el Premio Gregorio Ordoñez.
La partida de ocho millones concedidos a Senideak en 1999 fue para proyectos de «ayuda a familiares para el desplazamiento a prisiones» y, al igual que en el presente ejercicio, se incluyó dentro de las «actividades que divulguen, realicen o promuevan la defensa y protección de los derechos humanos». Entre estas ayudas, destaca también la partida de medio millón de pesetas que el Gobierno vasco destinó al colectivo Kakitzat para el seminario de educación para la paz «y contra el militarismo».
El pacto de gobierno suscrito entre el PNV, EA y EH en 1999 también benefició económicamente al sindicato abertzale LAB que en los presupuestos de 2000, pactados con los batasunos y prorrogados en la actualidad, recibió una subvención nominativa de 104.924.684 de pesetas, cuya partida fue liberada de forma inmediata, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pidió que el pago no se consumara hasta que se resolviera el recurso planteado. El sindicato LAB, según consta en el auto del juez Garzón por el cierre del diario «Egin», forma parte de la estructura del denominado MLNV. «A lo largo de treinta años de subsistencia -sostiene el magistrado-, ETA ha evolucionado de modo que, manteniendo la esencia del núcleo armado, ha incorporado otros elementos para dar mayor dinamismo a los diferentes frentes». Uno militar, que es ETA; otro institucional que son Hasi y LAB, y uno tercero, de masas, Jarrai.
Asimismo, el Gobierno vasco destinó el pasado año una partida de 622 millones de pesetas para ayudar económicamente a los medios de comunicación en euskera, que monopoliza, en su mayoría, la izquierda abertzale con publicaciones como «Ardi Beltza», dirigida por Pepe Rey, que investiga la Audiencia nacional por señalar posibles objetivos a ETA, «Gara» o «Egunkaria».
«ARDI BELTZA», «GARA»...
En concreto, las ayudas a prensa escrita ascendieron a 485 millones de pesetas, y otros 100 millones fueron a parar a medios audiovisuales locales que emitieran en lengua vasca durante todo el año un mínimo de 25 horas semanales, en el caso de las emisoras de radio, y 10 horas en el de las cadenas de televisión.
Distintos colectivos de la izquierda abertzale, que se proyectan contra el Estado de derecho y la convivencia entre nacionalistas y no nacionalistas, también se han visto, en muchos casos, favorecidos por la lentitud de la administración. Así, por ejemplo, en el año 2000 el Departamento del Interior impuso un total de 215 sanciones por un importe superior a 16 millones de pesetas contra personas de la izquierda abertzale por manifestaciones no comunicadas y que terminaron, en muchos casos, con incidentes. A fecha de noviembre del pasado año, tan sólo nueve de estas sanciones por importe de 750.000 se habían pagado, mientras que en el caso de otras 77 estaban siendo tramitadas para su posterior recaudación ejecutiva ante su impago, según la información facilitada por el Ejecutivo al Parlamento.
El ayuntamiento de Ayala (Álava), del PNV acordó en julio que se abonara 50.400 pesetas a familiares de un preso de ETA para visitarle en Herrera de la Mancha. Algo similar hizo la corporación nacionalista de Vergara para la visita a deportados.
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