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Más de un millón de españolas sufren discriminación por ser mujeres y discapacitadas

El Gobierno establecerá planes para favorecer su integración sociolaboral, que contemplan bonificaciones en la contratación y medidas de discriminación positiva

Actualizado 02/05/2004 - 02:38:07

MADRID. Además de la creación del Sistema Nacional de Dependencia, que atenderá a los ciudadanos que no gozan de autonomía propia, el Gobierno ha asumido el reto de lograr la plena integración sociolaboral y la igualdad de derechos de las personas discapacitadas que pueden valerse por sí mismas. Una situación sobre la que conviene llamar la atención, especialmente cuando con motivo de la celebración del «Día Internacional del Trabajo» han surgido miles de voces que exigen que en nuestro país se acaben muchos de los problemas que afectan a los trabajadores y que necesitan solución, como son la precariedad y la siniestralidad.

Pero también hay quienes siguen rompiendo el silencio para recordar la discriminación que sufren las personas discapacitadas en el ámbito laboral. Silencios a los que el Gobierno quiere poner voz asumiendo el compromiso de beneficiar a 2,3 millones de españoles en edad laboral (de 16 a 64 años), que se encuentran en una situación más desfavorecida con respecto al resto de la población. De hecho, el II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007 -un conjunto de pautas de actuación que fueron aprobadas en el mes de diciembre por el anterior Ejecutivo popular- ya ponía el acento en las altas tasas de paro que sufre este colectivo: dos de cada tres en edad de trabajar están inactivos y sólo el 33,7 por ciento (787.800) tiene alguna ocupación remunerada.

Marginación generalizada

Si ya de por sí este grupo, en su conjunto, se siente marginado para incorporarse al mercado laboral -y a otros ámbitos, como la educación y formación, en el acceso a edificios y otras infraestructuras-, hay un sector en el que más inciden las desigualdades. Las mujeres (más de un millón tienen entre 16 y 64 años) «sufren una doble discriminación, por género y por su discapacidad», explica Carlos Rubén Fernández, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y presidente de la Fundación ONCE.

Y los datos así lo avalan. Por ejemplo, trabajan 433.700 hombres con discapacidad (39,3 por ciento de los que tienen edad para hacerlo) y sólo 233.200 mujeres (27,1 por ciento). Pero existen otras diferencias: Ellos suelen ocupar sobre todo puestos cualificados en empresas manufactureras o de construcción (27 por ciento); entre ellas, sin embargo, predominan los trabajos no cualificados (32,3 por ciento) y los empleos en servicios de restauración, personales y comerciales (20 por ciento).

Por si fuera poco, aunque todo el colectivo presenta un elevado porcentaje de analfabetismo (7,5 por ciento frente al 0,6 por ciento del resto de población), ellas son quienes más se resienten de esta lacra, ya que el 8,9 por ciento no sabe leer ni escribir frente al 6 por ciento de los hombres. Sin embargo, los estudios superiores son alcanzados casi en el mismo porcentaje por ambos géneros, situándose sólo en el 8 por ciento los que los tienen.

Ante este panorama, el Gobierno ya está trabajando en la elaboración y aplicación de un paquete de iniciativas en favor del colectivo. Según la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, se trata de «programas específicos de inclusión 9 por ciento» (la cifra refleja el porcentaje de discapacitados que existen en España; en números absolutos 3,5 millones de personas). «Un conjunto de medidas que queremos poner en marcha para su integración sociolaboral, entendiendo que inclusión significa también formación específica», explica.

«Planes de choque» para el empleo

Valcarce lo define como «planes de choque» entre los que figurará el Plan Estatal de Empleo y Formación para las Personas Discapacitadas 2005-2008. Dentro de este proyecto se contemplarán «bonificaciones en la contratación y otras medidas orientadas a la discriminación positiva. Habrá un apoyo decidido al tercer sector, al empleo que ofrece la economía social a través de la creación de cooperativas. Y además se realizarán campañas de sensibilización laboral», destaca la nueva responsable de Servicios Sociales, quien apunta que el «trabajo con apoyo» también será una de las prioridades de las que se ocupará su departamento. Precisamente, esta figura resulta «muy útil para quienes sufren algún tipo de discapacidad psíquica, como personas autistas o con síndrome de Down, ya que un supervisor garantiza que estos trabajadores entienden las instrucciones», dice Carlos Rubén Fernández.

En especial, el Gobierno también elaborará el Plan de Acción para la Mujer con Discapacidad, dirigido igualmente a promocionar el empleo y la formación entre ese sector doblemente discriminado. «Ellas -explica Valcarce- necesitan una red de apoyo para su inclusión en el mercado de trabajo con medidas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar».

Cumplimento del cupo de reserva

Otra de las preocupaciones para la responsable de Servicios Sociales es hacer efectivo el cumplimiento del cupo de reserva en las ofertas de empleo público para personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que se elevó del 3 al 5 por ciento el pasado mes de diciembre. «No se cubre ni siquiera la mitad de ese 5 por ciento y queremos romper ese techo de cristal, realizando un control y seguimiento exhaustivo para que se aplique», concreta. Y para dar ejemplo, Valcarce ya se ha puesto en contacto con todos los nuevos secretarios de Estado de otros ministerios con el fin de recordarles que tengan en cuenta, a la hora de nombrar a sus colaboradores, el compromiso de cumplir con ese cupo.

Todas estas medidas se irán poniendo en marcha a lo largo de la legislatura. Entre las primeras, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, apuntó que se aprobará «rápidamente la regulación legal de la lengua de signos». De momento, la discapacidad, convertida ya en una de las prioridades del nuevo Gobierno, tuvo un nuevo impulso esta semana cuando a petición del grupo parlamentario de CIU, el PSOE aceptó la constitución de una Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados.
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