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El Supremo avala el proceso de venta de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios a Funespaña

El Tribunal Supremo ha avalado el proceso de venta de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid acordada en octubre de 1992 después de estimar un recurso de casación interpuesto por el

Actualizado 01/06/2006 - 18:28:13
El Tribunal Supremo ha avalado el proceso de venta de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid acordada en octubre de 1992 después de estimar un recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba el acuerdo de venta.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó en una sesión extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 1992 aprobar los pliegos de condiciones económico administrativas que debían de regir el concurso para la integración del capital privado ajeno a la corporación en el capital social de Funespaña.
El pliego establecía la venta del 49 por ciento de la empresa funeraria a Funespaña por un precio simbólico de 100 pesetas, motivo por el que el ex alcalde socialista Juan Barranco decidió interponer un recurso de reposición que fue estimado por el TSJM, tribunal que anuló el acuerdo alcanzado por el Pleno del Ayuntamiento.
Al conocer el fallo de la resolución jurídica, Funespaña, el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid recurrieron ante el Tribunal Supremo la decisión del TSJM, al considerar que la sentencia no era "clara y precisa" al tratar el tema del concurso o la subasta.
En este sentido, el Tribunal Supremo apoya la "viabilidad del concurso en la privación parcial de los servicios funerarios municipales respecto de una empresa que ya ostentaba la condición de empresa mixta".
Pero éste no es el único pleito abierto por el caso Funeraria. El próximo 17 de julio tendrá lugar en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid una vista oral en la que nueve personas, entre ellas tres ex altos cargos del PP, están acusados de maquinaciones para alterar precios, delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad en documento público y en documento oficial y delitos contra la Hacienda Pública.
El fiscal y la acusación particular solicitan entre seis y ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación para los populares Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno.
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