El asesor de Imanol Arias y Ana Duato, en el 'caso Nummaria': «No tuvieron intención de cometer nada ilegal»

Así se ha pronunciado a preguntas de su defensa --se ha negado a responder al fiscal anticorrupción Tomás Herranz y a la Abogacía del Estado--, a la que le ha explicado que él, como coordinador del despacho no elaboró ninguna operación destinada a defraudar a la Hacienda Pública, ni dio «en ningún momento» instrucción de que se hiciera una estructura fiscal con la finalidad de no pagar impuestos.

Por otro lado, desde el comienzo ha querido dejar claro que él no era dueño del despacho Nummaria ni de ninguna de las sociedades investigadas dado que sólo tenía participaciones en las mismas que nunca sobrepasaban el 25 por ciento. Y ha insistido en que nunca tuvo el objetivo de liderar una organización criminal: «En absoluto, en absoluto».

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Sobre esas sociedades ha explicado que, tras analizar las declaraciones de impuestos y los informes elaborados por el auxilio judicial, concluye que «no hay ningún año que pueda dar en una regularización --fiscal-- una cantidad superior a los 120.000 euros», frontera desde la que puede considerarse que existe un delito fiscal.

Por otro lado, parte de su defensa se ha basado en aclarar que él solo coordinaba a un conjunto de profesionales que trabajaban en el despacho situado en la calle Juan Bravo de Madrid y que ejercía esa función mandatado por los socios para «evitar distorsiones», pero que en ningún caso era propietario del cien por cien de las sociedades investigadas. «Yo coordinaba y no seguía especialmente el día a día de las actividades de asesoramiento que se daban... Llevaba dos, tres o cuatro asuntos que me absorbían todo el tiempo», ha recordado.

De hecho, ha llegado a aseverar que él nunca hizo en el despacho las declaraciones de la renta de nadie porque no lo soportaba. «¿En Juan Bravo 5 ha elaborado alguna declaración de la renta?», le ha preguntado su abogado, a lo que ha respondido que «de clientes nunca» porque las tiene «manía».

Por otro lado, Peña ha aseverado que las sociedades investigadas sí que satisficieron los impuestos del IVA y de Sociedades, y que en sus operativas adquirieron inmuebles sujetos al IVA del 21 por ciento. Por eso, ha aseverado que no entiende que en la causa se sostenga que no pagaron impuestos cuando «se ha pagado por IVA más de 6 millones de euros». «Es bastante dinero como para decir que no se han pagado impuestos», ha incidido.

Además, quien fuera en otro tiempo inspector de Hacienda, ha explicado que las amortizaciones aceleradas llevadas a cabo por las sociedades «eran legales y no se ocultaba ni un ingreso». Y ha lamentado que se haya transmitido la imagen de que no cumple con sus obligaciones tributarias. «Se transmite que en el colmo de mi maldad me dedico a predicar que los demás tampoco cumplan, cuando es todo lo contrario, yo siempre, cualquiera que me haya escuchado, me habrá escuchado siempre decir que hay que pagar impuestos, que hay que pagar los justos, los legales, los que hay que pagar», ha resaltado.

En este punto, ha llegado a decir que «de alguna manera» él mismo pertenece a la Agencia Tributaria. «No soy desleal con la Agencia Tributaria, y cada vez que me han pedido que interviniese para ayudar, he estado», ha añadido.

A preguntas de su abogado, Antonio Camacho, también ha querido defender la legalidad del uso de una estructura fiscal que usó en su despacho para determinados clientes que es la Agrupación Europea de Interés Económico. Peña ha sostenido que es un vehículo legal, y que no fue idea suya sino que fue recomendada por despachos internacionales por ser un «instrumento adecuado».

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Por otro lado, ha denunciado que no pudo tener acceso a toda la documentación que se llevaron del despacho durante la entrada y registro, y que esto le ha provocado indefensión dado que no ha podido preparar adecuadamente su defensa. Además, ha afirmado que se apropiaron de asuntos que ni siquiera tenían que ver con la causa, algo que viola su derecho al secreto profesional como abogado.

En este sentido, ha relatado que cuando se produjo el registro él estaba en Etiopía, y al llegar a España se encontró con un despacho lleno de personal «desnortado» que abandonó las instalaciones llevándose los ordenadores que quedaron tras el registro de la Agencia Tributaria.

Al hilo, ha sostenido que otra parte de la documentación nunca fue devuelta por Hacienda y que el perito informático que contrató para bajar los archivos de la nube le dijo que «estaban alterados».

Tras estas explicaciones, el fiscal del caso, que ha interrumpido el interrogatorio en varias ocasiones para formular protesta, ha sostenido ante el tribunal que el encausado debía ceñirse a responder las preguntas porque estaba «soportando en exceso la verborrea del acusado». El abogado de Peña ha pedido respeto y la presidenta de la Sala ha trasladado a las partes que se abstengan de realizar comentarios peyorativos.

Peña, a preguntas de Camacho, ha señalado entonces que cuando revisó su documentación a la vuelta de Etiopía se percató de que le faltaba todo lo relacionado con la sociedad que tuvo con Alejandro Pérez. Y ha recordado que este ex socio era el marido de Margarita García Valdecasas, quien fuera inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y que participó en ese registro en 2016.