La Reina Isabel II podría haber cambiado la ley para ocultar su fortuna

Y es que según reveló el diario británico «The Guardian», unos documentos encontrados en los National Archives (el organismo gubernamental en el que se guardan todos los escritos importantes del país, y entre cuyas paredes hay, según su propia web, «más de mil años de historia»), Isabel II habría presionado al Gobierno del primer ministro Edward Heath a través de su abogado Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer & Co, para cambiar una ley de transparencia y así poder evitar dar explicaciones sobre la compra personal de acciones.

Los hechos ocurrieron en 1973, aunque la ley fue finalmente aprobada en 1976 después de que la retomara el laborista Harold Wilson, con quien la reina tenía una excelente relación. Entonces, el gobierno insertó una cláusula en la legislación otorgándose a sí mismo la facultad de eximir a las empresas en las que participarán los jefes de Estado de las nuevas medidas de transparencia y supuestamente se creó una corporación fantasma a través de la cual se ocultaron las participaciones e inversiones privadas de la monarca. Se cree que la exención ayudó a ocultar la fortuna privada de la Reina, cuyo monto exacto se desconoce, hasta al menos el 2011, aunque según fuentes como «Bloomberg» o «Forbes» podría rondar los 350 millones de euros.

Los documentos salieron a la luz como parte de una investigación del periódico sobre el consentimiento de la Reina, un proceso mediante el cual el Parlamento debe solicitar el permiso de la soberana al debatir proyectos de ley que podrían potencialmente afectar los intereses de la Corona, lo que ha permitido que por sus manos hayan pasado a lo largo de las décadas, desde que comenzó su reinado en 1952, poco más de mil proyectos de ley antes de ser aprobados por los parlamentarios, en un procedimiento que, pese a las explicaciones de Palacio, no estaría relacionado con el Royal Assent, en el que la monarca simplemente tiene que dar el visto bueno de modo formal a un proyecto de ley aprobado antes por el Parlamento para que se convierta en ley.

Tal ha sido la conmoción, que el propio Palacio de Buckingham tuvo que salir al paso de las críticas, explicando a través de un portavoz que «el consentimiento de la Reina es un proceso parlamentario, con el papel puramente formal del soberano. El consentimiento siempre lo otorga el monarca cuando lo solicita el gobierno. Cualquier afirmación de que el soberano ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta».

En una declaración inusualmente extensa, lo que demuestra el interés oficial de apaciguar las aguas, el portavoz continuó diciendo: «El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la Reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal». La aclaración sin embargo no convenció a todo el mundo . Thomas Adams, un especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Oxford que tuvo acceso a los nuevos documentos, declaró que la mera existencia del procedimiento le da a la Reina una «influencia sustancial» sobre los proyectos de ley que podrían afectarla directamente.