La Audiencia Nacional pide investigar si Julián Muñoz ocultó dinero de una entrevista para no pagar su deuda

En un auto notificado este jueves, el tribunal deduce testimonio contra él para que se investigue si efectivamente cobró por aquella entrevista en Telecinco y ocultó la remuneración, es decir, delito de delito de frustración en la ejecución, en concurso medial con delito de falsedad en documento mercantil.

La resolución atiende así a la petición de la Fiscalía, que solicitó directamente el embargo de las cantidades cobradas por Muñoz al encontrar indicios de que habría simulado una cesión gratuita de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, así como los patrimoniales, comerciales y de imagen que constaban en el contrato que firmó con la sociedad que gestionó la entrevista y en el acuerdo que esta suscribió con la productora de televisión.

Aducía que no se le había remunerado, pero ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Marbella dieron credibilidad a esa tesis, porque, como alegaba el consistorio, los informes de la productora evidenciaron que la cesión de aquellos derechos de su entrevista conllevó «un contenido económico en forma de contraprestación por un total de 66.494,73 euros más I.V.A » .

La Audiencia Nacional les da la razón atendiendo a la legislación, según la cual, «no mediando estipulación respecto al pago de deudas, sólo responderá de ellas el donatario cuando la donación se haya hecho en fraude de los acreedores. Se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acreedores cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella».

Por lo anterior, subraya la Audiencia, «deberá acordarse, tal y como solicita el fiscal, la deducción de testimonio íntegro de esta pieza separada al Juzgado Decano de Instrucción correspondiente, por si procediere la incoación del procedimiento penal oportuno para la investigación de la comisión por este penado, Julián Muñoz, con la cooperación necesaria de terceros, de un posible delito de frustración de la ejecución, en posible concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil», dice el tribunal.