Un nuevo marco sin la participación de la comunidad educativa

El Estado reduce sus competencias y fijará las enseñanzas mínimas del currículo, que supondrán el 50% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial (con la LOE era el 55 %) y el 60 % (con la LOE era el 65 %) para aquellas que no la tengan.

A) Educación primaria. Se recuperan de la LOE los tres ciclos anteriormente existentes y se reordenan las áreas. La materia de Lengua cooficial, si la hubiera, pasa a denominarse Lengua propia. En cada uno los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito artístico. Aparece en el tercer ciclo un área de Educación en Valores cívicos y éticos. Se deberá dedicar un tiempo diario a la lectura, la creación artística, la competencia digital y el fomento de la creatividad y del espíritu científico que se trabajarán en todas las áreas de educación Primaria. El alumno que no haya alcanzado los objetivos de la etapa podrá permanecer un año más en el último curso de este ciclo, medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez.

B) ESO. Todas las materias podrán integrarse en ámbitos competenciales. En todo caso se fomentarán de manera trasversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. A las materias establecidas con carácter obligatorio se añade la posibilidad de ofrecer materias optativas, con la novedad de que puedan configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad. En uno de los cursos de la etapa, todo el alumnado cursará la Educación en Valores cívicos y éticos. Se recuperan de la LOE los Programas de diversificación curricular (PDC), en sustitución de los PMAR (Programas de Refuerzo) de la LOMCE.

El alumno promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica (no hay límite de suspensos). En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso solo se podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO).

En cuarto curso desaparecen los 2 itinerarios fijados en la LOMCE, se precisan las materias que deberá cursar todo el alumnado, además de otras tres entre un conjunto que establecerá el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas. Este curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos y alumnas, se podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas en distintas opciones y los diversos campos de la formación profesional. Desaparece la Prueba Final de ESO contemplada en la LOMCE y que no se llegó a aplicar.

C) BACHILLERATO. El Gobierno fijará las condiciones en las que el alumnado pueda realizar el bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales lo aconsejen. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. No obstante, se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una. Desaparece la Prueba Final de Bachillerato contemplada en la LOMCE y que no se llegó a aplicar, en virtud del Real Decreto-Ley de 2016.

D) ACCESO a la universidad. Se recupera la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) de la LOE.

E) FORMACIÓN PROFESIONAL. La Formación Profesional Básica de la LOMCE (dentro de la ESO), se sustituye por los Ciclos Formativos de Carácter Básico. La superación de esas enseñanzas conducirá a la obtención del título de Graduado en ESO y recibirán asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad cursada. Con dichos títulos podrán acceder a las enseñanzas postobligatorias.

Como se ha venido anunciando desde hace tiempo, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada». Además, PSOE, Podemos y Mas País aprobaron una enmienda en el camino parlamentario de la norma que señala que la educación se garantiza solo con «plazas públicas», dejando fuera a la concertada. El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude, tanto en su apartado 1 como en el 5, al derecho a la educación únicamente.

Este cambio, posiblemente el más polémico de la ley, se realizó en la tramitación parlamentaria de la norma en el Senado a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Podemos y ERC. Con ella, se elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación y oficial en España.

Con la Lomce existía la opción de cursar la asignatura Valores culturales y éticos, tanto en el primer ciclo como en el segundo, pero la Lomloe solo da una opción (Educación en Valores cívicos y éticos), que los alumnos cursarían en 5º o 6º de Primaria o en alguno de los cursos de ESO de forma obligatoria. Esta asignatura es para muchos similar a Educación para la Ciudadanía, instaurada en la LOE y que generó rechazo por su configuración como obligatoria y el pronunciamiento jurisprudencial sobre la objeción de conciencia escolar.

Las familias con niños escolarizados en educación especial –actualmente 37.500– llevan años luchando, incluso antes de que Isabel Celaá fuera ministra de Educación por los derechos de sus hijos. La Lomloe alude en su disposición adicional cuarta a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada», es decir, alumnos con muy graves discapacidades. Esta disposición ya estaba en el texto original, antes de que pasara por los grupos parlamentarios, que fueron introduciendo enmiendas y el actual es más agresivo: en aras de la «inclusión», se pone en segundo lugar el interés superior del menor.

Una de las grandes perdedoras de la nueva ley educativa. Se eliminan los conciertos a los colegios que separan por sexo. Ya lo habían advertido PSOE y Unidas Podemos, que anunciaron que se impediría «la segregación educativa en los centros sostenidos con fondos públicos»; en otras palabras, que los colegios de educación que separan a niños y niñas se quedan sin concierto. Dicho y hecho.

Hace unos días, como informaba Enrique Serbeto, la Comisión Europea se pronunciaba sobre la reforma educativa aprobada por el Parlamento español y recordaba que, aunque el asunto es competencia de los gobiernos nacionales, la Carta Europea de Derechos Fundamentales reconoce a los padres la potestad de poder elegir para sus hijos una educación que esté de acuerdo con sus creencias y sus «visiones filosóficas o educativas».

Con anterioridad, la plataforma Más Plurales registró ante la Comisión Europea un escrito denunciando que la reforma educativa llevada a cabo por la Lomloe pone en grave riesgo de vulneración derechos fundamentales y libertades reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Destaca el escrito que se vulneran la libertad de enseñanza establecida en la Constitución Española, la libertad de creación de centros y el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos conforme a sus convicciones. Más Plurales –que ya solicitó en noviembre de 2020 el amparo del Parlamento Europeo– pretende que la Comision Europea inicie un recurso de incumplimiento y ser considerada «parte interesada».