Las mujeres y las personas mayores son los más perjudicados por la pandemia

En términos globales, esta es la conclusión del estudio « Identificación de Necesidades Sociales Emergentes como consecuencia de la Covidien-19 y efecto sobre los Servicios Sociales del territorio « (INSESS-COVID19), elaborado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la fundación ISocial para identificar las nuevas necesidades sociales originadas por las devastadoras consecuencias de la pandemia de COVID-19.

El estudio se ha llevado a cabo a partir una metodología mixta desarrollada por la UPC que combina técnicas de ciencia de datos, gestión de conocimiento e inteligencia artificial y que ha analizado las respuestas sobre 13 ámbitos de la vida diaria de 1.000 personas que corresponden a 20 perfiles diferentes.

Los autores del estudio son la catedrática del Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAl) de la UPC, Karina Gibert , y el director de la Fundación iSocial, Toni Codina.

El estudio, que se inició en mayo de 2020, revela que las restricciones de movilidad y la distancia social están acentuando las situaciones de soledad, aislamiento, depresión y problemas de salud mental , «con especial incidencia sobre las personas mayores «.

Según la investigación, el 15% de los participantes son personas con dependencia, que en un 55% refieren haber empeorado su situación de dependencia desde enero de 2020 y, de los que empeoran, casi un 54% lo atribuye directamente a la COVID-19.

La necesidad «tiene nombre de mujer» , ha afirmado Karina Gibert, como revela que el 41% de ellas declara haber necesitado apoyo psicológico por el COVID-19.

Durante la pandemia, el sentimiento de soledad ha crecido en un 29%, y en el 70% de los casos entre las mujeres, cuya medida de edad se sitúa en 60 años, viven solas y tienen ciertas dificultades digitales.

El estudio también pone el acento en que en esta crisis se ha producido un aumento de las situaciones de violencia verbal, psicológica o física contra las mujeres.

En concreto, un 6% de las personas que han participado en el trabajo declaran haber sido víctimas de violencia física, psicológica o verbal en algún momento de 2020. De ellas, un 72% son mujeres y muy minoritariamente personas del colectivo LGTBI.

Karina Gispert ha resaltado que «de las víctimas un 17% tienen formación universitaria», el 10% disfruta de condiciones laborales estables, un 14% sufren agresiones de 3 perfiles de agresor simultáneamente y 27% de dos perfiles simultáneos.

Otro de los efectos del estado de alarma ha sido el cierre de los juzgados , con la correspondiente interrupción de procedimientos y la posterior ralentización de procesos judiciales y administrativos, lo que ha perjudicado a un 26% de los participantes que declaran haber tenido juicios pendientes en el primer estado de alarma.

Un 41,71% de los juicios pendientes impactan en familia, trabajo y economía simultáneamente , y en el 70% de los casos afectan a mujeres con una edad media de 44 años.

Cerca del 10% de los casos pendientes de procesos están relacionados con el estado civil y afectan a personas cuyo promedio de edad se sitúa en 42 años, y que en un 74% son mujeres.

Karina Gibert ha resaltado que en algunos casos se trata de mujeres maltratadas que están pendientes una orden de alejamiento «que se han tenido que confinar con el maltratador».

Por su parte, Toni Codina ha señalado que los problemas derivados de la vivienda son una «bomba retrasada que cogerá fuerza después del estado de alarma, cuando los desahucios se reactiven».

Al respecto, el estudio nota que, como en la crisis anterior, las consecuencias del empobrecimiento repentino de amplias franjas de población tendrá consecuencias en el ámbito de la vivienda: impago de recibos de suministros, impago de alquileres y de cuotas hipotecarias, cortes de suministro o procesos de desahucio.

El 27% de los participantes han necesitado ayuda económica para pagar los suministros, el 25% la han necesitado para pagar el alquiler y el 51,85% la han ido a buscar al ayuntamiento, mientras que un 10,8% ha necesitado ayuda para pagar tasas y tributos.

Otro grupo impactado por la COVID-19 son los profesionales de servicios sociales , según el estudio, por lo que Codina ha urgido a crear políticas transversales para que los temas relacionados con vivienda, violencia de género, o salud mental «no se aborden sólo desde servicios sociales» y también ha pedido la incorporación de nuevos perfiles profesionales a los servicios sociales de asistencia primaria.