Hasta que el coronavirus nos separe: La crisis económica frena las rupturas de matrimonios

De hecho, del III Observatorio del Derecho de Familia presentado ayer por esta entidad se desprende que el 73% de los juristas encuestados percibe una cifra igual o inferior de separaciones o divorcios a la que se suele dar tras un periodo vacacional (Semana Santa, verano, navidades). El informe apunta también a que el incremento de separaciones y divorcios que registró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre del año -de un 16% más respecto a 2019-, responde a la reapertura de los juzgados después de casi tres meses de parálisis más que a una evolución al alza de las disoluciones matrimoniales. Es decir, explica Lozano, «es un repunte que se explica por la reanudación o la puesta en marca de la administración de Justicia, tras el freno administrativo que se registró durante el confinamiento».

En cambio, donde sí se ha detectado una variación significativa es en las peticiones de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos a los hijos por parte de progenitores divorciados (tal como indica el 53% de los encuestados). La caída significativa de los ingresos ha forzado a padres y madres a plantear ante el juez el recorte en las aportaciones económicas. De hecho, apunta Lozano, « las peticiones han aumentado aproximadamente en un 30 por ciento con respecto del año anterior . Pero puede ser que la otra parte esté de acuerdo en firmar o no. En esta última instancia, se puede plantear un proceso de modificación de medidas contencioso donde el juez verá si se mantienen las condiciones o se cambian. Pero en mi opinión, los jueces están mostrando mucha sensibilidad al respecto», recalca.

A raíz del deterioro de los presupuestos familiares, los abogados de la AEAFA también han constatado un crecimiento significativo de los procesos de Jurisdicción Voluntaria por discrepancias de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad del artículo 156 del Código Civil. Estas discrepancias se refieren a cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social como la ortodoncia, cuyo impacto económico es importante. «Hay progenitores que, aunque mantienen la misma aportación por pensión de alimentos, plantean que los hijos vayan a un colegio público o concertado en vez de a uno privado al no poder hacer frente a este desembolso. Lo mismo sucede con actividades extraescolares que implican un coste importante», afirma la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.