«El TJUE puede sancionar a España por no cumplir con la directiva de conciliación pero no sabemos cuándo»

«La Directiva, adoptada en 2019, es un acto legislativo de importancia que tiene por objeto permitir a los progenitores que trabajan conciliar mejor las facetas privada y profesional de su vida», ha dicho la Comisión, que ha recordado que fue el 2 de agosto de 2022 cuando expiró el plazo para que los estados miembros adoptasen las medidas, otorgándoles prórrogas. «En septiembre de 2022, la Comisión envió sendas cartas de emplazamiento a los diecinueve Estados miembros que no habían comunicado la plena transposición de la Directiva -ha recordado-. En abril de 2023, la Comisión envió dictámenes motivados a los once Estados miembros que aún no habían notificado las medidas nacionales de plena transposición. Estos países disponían de dos meses para tomar las medidas necesarias». Al seguir con los deberes pendientes, la Comisión ha decidido acudir al TJUE para que «imponga sanciones económicas».

«El incumplimiento no es total, es parcial», explica a ABC María José Sánchez González, abogada especializada en derecho de familia y vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa). «Es verdad que España tendría que haber cumplido pero en el camino se quedó la aprobación de la ley de Familias y por ello se aprobó el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que incluyó ciertas medidas de conciliación», recuerda la experta.

Sánchez se refiere a los nuevos permisos que dio a conocer la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra y que incluye el permiso de hasta 8 semanas por cuidado de menores de hasta 8 años sin remunerar (Europa exige que sean remuneradas); permiso de 4 días por causa de fuerza mayor; 5 días por enfermedad y accidente; la ampliación del derecho a las reducciones o adaptaciones de jornadas o la equiparación de las parejas de hecho al matrimonio con quince días de permiso.

«Con la aprobación de esta medidas, se incorporaron algunas cuestiones a nuestra legislación pero no están plenamente transpuestos, por ejemplo, la remuneración de los permisos ni tampoco todo lo que tiene que ver con aquellos casos de necesidades especiales para conciliar», apunta la experta, es decir, lo que tiene que ver con las familias monoparentales, padres y madres que tienen hijos con discapacidad o enfermedades graves o crónicas, nacimientos múltiples o prematuros, entre otros, tal y como recoge la Directiva 2019/1158.

Ante este panorama, solo queda esperar. «El TJUE puede sancionar a España pero no sabemos cuándo se pronunciará al respecto», añade la vocal de la Aeafa, que se muestra cauta con lo que pueda o no pasar, pues se acaba de formar el nuevo Gobierno, con Ana María del Carmen Redondo García como ministra de Igualdad, y, por otro, el TJUE tardará en pronunciarse.

Por tanto, a las familias les queda esperar para ver si el nuevo Gobierno cumple al fin con las directrices europeas. Mientras tanto, 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional al convertirse en madres al mismo tiempo que la vida laboral de 3 de cada 4 se ha visto afectada tras su maternidad, según datos recogidos por la Asociación Yo No Renuncio del Club de Malasmadres.