La pandemia evidencia la urgencia de atender los reclamos de las familias

Y es que nadie ha sido capaz de librarse del maldito SARS-CoV-2, cuyas consecuencias han vivido en primera persona los mayores: sólo en las residencias han muerto más de 20.000 ancianos. Pero no sólo eso: los mayores han sufrido también más que nunca en 2020 la soledad provocada por el aislamiento.

Las familias cayeron también en el olvido el 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma y se cerraron los colegios. Durante 98 días, los clanes vivieron encerrados, sin poder salir de casa, lo que evidenció la falta de apoyo a las familias además de las consecuencias del un parón económico sin precedentes, especialmente entre los más vulnerables.

La infancia fue también una gran maltratada por parte de las autoridades: en los primeros días de pandemia se les acusó de ser supercontagiadores, se confinó a niños con necesidades especiales sin tener en cuenta sus necesidades y se desoyó a los expertos que alertaron de las consecuencias psicológicas que el Covid-19 iba a generar en los niños y niñas. Muchas críticas hubo también con el hecho de que bares y restaurantes abrieran antes que los propios centros educativos.

Todos ellos tienen mucho que decir de cara al 2021 y esperan que sus deseos se hagan realidad al fin porque, aunque sus demandas no son nuevas, la pandemia ha evidenciado la necesidad de atender las necesidades que llevan años reclamando para que la historia no se repita.

«El deseo fundamental para el año 2021, y para los siguientes, es que se respete la dignidad de los mayores », asegura el doctor Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). «Tanto la sociedad como los políticos tienen que escucharnos, no oirnos. Sólo así se convencerán de que hay que respetar los derechos de los mayores, defender su dignidad y contar con ellos para todo lo que les compete», asegura el responsable, que no entiende cómo se puede acordar el Pacto de Toledo o la ley de la eutanasia «sin contar con ellos».

«Queremos que se nos tenga en cuenta porque formamos parte de la sociedad, de la familia, como un grupo más, con nuestros derechos y deberes», recuerda Martínez Gómez, que asegura que, en ese caso, «la sociedad sería más feliz».

«¿Cómo no escuchar la experiencia? ¿Cómo no escuchar lo que estamos reclamando desde siempre? ¿Cómo luchar contra el 'edadismo' que estamos sufriendo por no saber qué es una persona mayor y qué es el maltrato? ¿Cómo vamos a acabar con un problema tan grande como es la soledad no deseada, un grave problema que afecta a dos millones de personas, que está llevando a situaciones de depresión si no se nos escucha? Solo pedimos que se respeten la Constitución y los Derechos Humanos fijados por la ONU», recuerda.

El presidente de CEOMA reseña, además, que los derechos de los mayores han caído más en el olvido que nunca durante la pandemia. «Ha habido una gran discriminación en el uso de un derecho básico, la salud, que es además una de las cuatro patas del estado de bienestar. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto?», lamenta.

Hartos de esta situación, y con el objetivo de que al fin se les escuche y se les tenga en cuenta, en este 2020 los mayores han creado la mayor plataforma, formada por CEOMA, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (Mayores UDP), ONCE y próximamente CERMI. Juntos representan a más de 3 millones de personas. «La unión hace la fuerza. Es necesario que estemos juntos y que se acabe 'el divide y vencerás'. Los políticos tienen estadísticas: en 10 años, los mayores de 65 años serán más de 2.300.000 personas. De componer el 19% de la población pasarán a ser el 24%. ¿Por qué no toman medidas para integrarlas? ¡Vamos a ser casi un cuarto de la población! Es necesario que se promueva el envejecimiento activo, que se les escuche, que se tengan en cuenta sus peticiones. Además, serían más fáciles las relaciones intergeneracionales y con la sociedad«, asegura.

«Lo único bueno de esta pandemia -reflexiona- es que los mayores han aprendido y están utilizando la tecnología para relacionarse. Y eso es una forma de luchar contra la soledad».

«La mitad se encuentra en situación de pobreza», recuerda Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS). Este tipo de clanes han sido duramente golpeados por el Covid-19 y, por ello, sus deseos en 2021 son y numerosos.

«Queremos, en este nuevo año, ser reconocidas oficialmente por parte de la administración pública y de la sociedad. Nos lo deben porque, en nuestro caso, es un único progenitor el que soporta la carga familiar y sobrevivimos sin más recursos», explica Flores.

Entre sus deseos para 2021 también se encuentra una ley integral en el que las familias monoparentales cuenten en todos los ámbitos: empleo, vivienda, conciliación y corresponsabilidad, educación, protección social, fiscalidad… «Ojalá -dice Flores- a los políticos se les encienda la bombilla cuando hagan política en este nuevo año y entiendan al fin nuestra base, comprendan que existimos, la diversidad que hay en las familias monoparentales y que todo ello se puede legislar. Solicitamos empatía y compromiso porque es es de justicia». Según el Instituto Nacional de Estadística, 1,9 millones de hogares en España, el 10,1% del total, son monoparentales. Y en el 82,7% de los casos, 1,6 millones, la mujer es la que encabeza la familia. «Pero creemos que hay más», cuenta Flores, porque el INE no tiene en cuenta «a las familias que tienen que convivir, por ejemplo, con los abuelos o comparten piso».

La presidenta de FAMS recuerda que «también somos titulares de derechos que se nos están negando. Vivimos en una situación de frustación permanente, siempre señaladas... Ni el Ingreso Mínimo Vital está llegando a muchas familias».

FAMS lleva años luchando por una regulación nacional de este modelo de familia para evitar desigualdades. «A la hora de hacer la declaración de la renta, las familias biparentales tienen la opción de hacerla de manera conjunta o separada, algo que no pueden hacer las monoparentales, y además obtienen una desgravación de más de 3.000 euros, mientras que las monoparentales apenas se desgravan 2.000«, ejemplifica Flores para evidenciar la situación en desventaja en la que se encuentran. »Además, hay muchas familias que directamente no hacen la declaración porque no llegan al mínimo. La capacidad de ahorro de estas familias es mínima porque dependen exclusivamente de un salario. Si a ello le unimos que la mayoría de estos clanes están encabezadas por mujeres, la situación es aún más desfavorable: brecha salarial, techo de cristal, nulo crecimiento profesional... ¡Así no podemos llegar a tener una situación de equidad con el resto de familias! Disponemos de muy pocos recursos, si la conciliación es ya de por sí un problema en este país, en el caso de las familias monoparentales es aún peor: no tenemos a nadie con quien compartir el cuidado de nuestros hijos, que son lo más importante en todo ello, no tenemos a nadie con quien corresponsabilizar«.

La buena noticia que les ha dejado el 2020, y que les llena de esperanza para 2021, ha sido una sentencia pionera por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha reconocido 24 semanas de permiso por nacimiento a una familia monoparental.

«Es un precedente muy importante, a pesar de que no es firme», reconoce Flores, que anima a los progenitores que este año han sido padres o madres a reclamar al INSS la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado. «Es algo a hacer a nivel individual, no colectivo», explica, «pero es necesario para dejar de sentirnos ignoradas, para visibilizar nuestra situación y conseguir en la sociedad el lugar que nos corresponde porque, al final, nuestros hijos tienen la mitad de tiempo de cuidado que los pequeños de las familias biparentales y la ley tiene que proteger a todos los menores por igual».

Ha sido otro de los colectivos duramente golpeados durante la pandemia. Este tipo de familias se han enfrentado a situaciones inverosímiles e injustas durante 2020: falta de ayudas , problemas a la hora de ir a hacer la compra (ya que al principio del estado de alarma solo se permitió que una única persona fuera al supermercado, algo imposible cuando se trata de clanes con 7 u 8 miembros), teletrabajo o, en caso de estar en ERTE, el límite de ingresos para percibir la cuantía adiciona solo llega hasta dos hijos, sin que los demás importen.

«Nuestra lista de deseos para este nuevo año es una lista muy larga», reconoce José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). «Lo primero de todo, salud y trabajo para todos porque nos vamos a encontrar en un momento muy crítico: entendemos que va a haber mucho despido y va a ser un problema», lamenta.

«Las familias numerosas siempre hemos estado discriminadas», recuerda el responsable, que solicita que, tras lo vivido durante el confinamiento, este tipo de clanes puedan acceder a pisos de protección oficial adecuados, modificando la ley para que estos sean mayores de 90 metros cuadrados. Porque, la realidad, es que la mayoría de las familias numerosas no viven en gran chalés con jardines ni piscinas. «La ley dice que un porcentaje muy pequeño de los que se construyen sean más grandes para las familias numerosas. Pero esto es una cuestión que depende de las comunidades autónomas y con la que no se cumple, por lo que tenemos que ir al mercado libre, donde el precio es mayor», explica.

«Ajustar los impuestos es otro de nuestros tradicionales reclamos», recuerda Flores. Algo clave y más en un momento de crisis económica como el actual. «Por ejemplo, pagamos el doble por el metro cúbico de agua que una familia no numerosa porque pasamos de escalón al ser más miembros», cuenta Flores, que no se olvida de la prestación por desempleo. «Sólo se tienen en cuenta hasta los dos hijos. La cuantía es la misma. Y no es lo mismo estar parado con 2 hijos que con 5. Lo mismo con los ERTES. Sería de justicia cambiar esto«.

El presidente de Federación Española de Familias Numerosas recuerda que «el origen de la sociedad es la familia» y lo mejor que puede hacer un país es «invertir en natalidad».

Michela Ranieri, portavoz de Save the Children, tiene muy claro que tras el Covid-19, «no podemos seguir mirando para otro lado». Y es que la pandemia ha afectado también de manera muy especial a la infancia en tres aspectos: educación, debido al cierre de los centros escolares y a la única opción, pero no apta para todos, de la vía online; violencia, porque se ha disparado la intrafamiliar durante este año, y pobreza, debido a que numerosas familias con niños que se han visto sin trabajo de la noche a la mañana.

«Deseamos que se siga tramitando con urgencia la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia «, explica, ya que »durante la pandemia no ha sido posible detectar este tipo de casos« debido al confinamiento, aunque todas las organizaciones coinciden en que el confinamiento desató la violencia familiar sobre niños y adolescentes .

«La educación ha sido otro de los grandes temas», continúa Ranieri. «De un día para otro se cerraron los colegios y se impuso la educación a distancia, algo que ha evidenciado las desigualdades que ya existían. Muchos niños y niñas vulnerables no han podido seguir sus clases online», recuerda la experta. De hecho, «en España entre el 5-9% de niños y niñas no tiene ordenador y en familias con la renta más baja, ese porcentaje se eleva al 20%. Por tanto, muchos niños quedaron desconectados de sus clases durante el confinamiento». Por todo ello, desde la entidad solicitan «un plan de inclusión de la educación» con el fin de que todos «disfruten realmente de su derecho a la educación».

Por último, la experta señala que urge atajar la pobreza que ha traído consigo la pandemia. «Un 30% de las familias con las que trabajamos han perdido sus empleos durante estos meses. Urge adoptar medidas», reclama Ranieri, porque «el Ingreso Mínimo Vital, aunque ha sido una medida de gran envergadura, no llega a todo el que lo necesita, como las familias en situación de pobreza severa, y podrían salir unos 300.000 niños y niñas de esta situación«.

Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, reconoce que «hay varias cosas que nos gustaría que el 2021 trajera. La primera es garantizar los derechos básicos que se han puesto en cuestión durante la pandemia, como el derecho a la salud o a la educación», asegura, pues la brecha digital se ha evidenciado más que nunca. «Es fundamental garantizar un acceso a educación de calidad y lo más inclusiva posible«, recuerda el responsable, que también solicita »que se incorpore a la ley el derecho a tener una accesibilidad cognitiva, que es una herramienta para poder ejercer luego otros derechos«.

Reforzar el apoyo a las familias es otro de los deseos que destaca Galván, «incorporando el derecho a reconocer el Ingreso Mínimo Vital de las personas con discapacidad intelectual como grupo familiar especial e independiente y también que se refuerce el hijo a cargo».

También es fundamental «relanzar las políticas de empleo con discriminación positiva para los colectivos de especiales dificultades, como son las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo -continua- Y, por ultimo, que se culmine la modificación de la ley para garantizar un derecho de toma de decisiones del Código Civil con los apoyos necesarios».

Galván reconoce que se trata de «una agenda muy amplia» porque realmente «hay una situación de exclusión y de dificultad muy grande» que, además, con «la pandemia se han vuelto más urgentes que nunca porque ha habido un retroceso de estos derechos. Por ello, el año 2021 tiene que poner especial atención en los colectivos más desfavorecidos, como son las personas con discapacidad intelectual, autismo, con grandes necesidades de apoyo... que en el confinamiento han llegado incluso a ser increpados, han perdido sus terapias o no han tenido acceso a una educación tecnológica».

«Este año, si ha habido algo positivo, es que la educación ha estado en el centro de las decisiones políticas cuando siempre ha sido un arma arrojadiza sin que realmente se debatiera de verdad sobre ello», reflexiona la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal. Y es que un pilar tan fundamental como la educación ha sido protagonista este 2020, junto con la sanidad, debido al Covid-19.

«Se ha evidenciado que la escuela es un pilar fundamental en la sociedad. Creo que hemos sido más conscientes de que hay que fortalecer la educación publica, que hay que dotarla de recursos para que pueda desempeñar su labor en igualdad de condiciones, equidad, igualdad de oportunidades, inclusión…», reflexiona Cardenal.

Para ello, recuerda la presidenta de CEAPA, son necesarios «más recursos económicos y materiales así como más docentes». En ello tiene mucho que ver el ratio establecido por clase, uno de los debates clave cuando los alumnos volvieron a clase en septiembre. «Esperábamos una bajada de ratios más grande y al final no fue así y muy pocas comunidades autónoma incrementaron el profesorado que se necesitaba», lamenta. «Venimos ya mucho tiempo diciéndolo -continúa-: tenemos 17 sistemas educativos y cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha habido comunidades más conscientes, que han apostado por la educación y reducir ratios, mientras que otras no han priorizado el derecho y el bienestar de los menores».

Con respecto a la brecha digital, Cardenal recuerda que «además existe una brecha cultural y social muy importante porque hay niños y niñas que, por diferentes circunstancias familiares (falta de tiempo, por falta de conocimientos...), no han podido seguir sus clases».