«Los jueces están actuando como terceros padres»

Se trata, en todos los casos, de asuntos con un cierto grado de desacuerdo entre los padres que, a falta de intentar su resolución en la vía extrajudicial, motivan el inicio de un procedimiento judicial. «Cada vez es más habitual que se produzcan desavenencias por la elección del centro educativo en el inicio del curso escolar, en la toma de decisiones que implican un gasto (como son las actividades extraescolares de los hijos) o por asuntos donde subyace un componente ideológico o religioso (como la realización de la Primera Comunión o atender a catequesis), así como decisiones que impliquen un cambio de residencia de los hijos para trasladarlos de localidad e incluso de país», explica la presidenta de AEAFA .

El problema está en que muchas familias, prosigue Lozano, «se han acostumbrado a acudir a los juzgados, hasta el punto de que en sede judicial se conoce el expediente no por el número, sino por el nombre de los litigantes. Desgraciadamente, en muchas ocasiones se trata de padres que no son capaces de solventar los problemas por ellos mismos, y que se están acostumbrando a judicializar la vida familiar . A que sea otro quien decida, siempre que no se trate del otro progenitor. Hay exparejas que parecen funcionar a golpe de decisión del juez, pero es necesario que hagan un esfuerzo en intenten consensuar y negociar un acuerdo antes de acudir a la vía judicial», afirma María Dolores Lozano. «Estas personas deberían tener en cuenta el altísimo impacto emocional que estas crisis familiares causan tanto en los hijos como en las partes implicadas, y el elevado coste económico que supone para la administración de justicia, que automáticamente pone toda la maquinaria a funcionar. El juez, el fiscal, el letrado de la administración de justicia, los abogados, en ocasiones el psicólogo...».

Ante esta situación, AEAFA considera necesario que el ciudadano conozca los métodos alternativos de resolución de conflictos, entre los que Lozano destaca la mediación: es un intento previo de solucionar su conflicto familiar, extrajudicial y gratuito, capaz de ayudar a la pareja con o sin hijos a conseguir acuerdos para que el cese de la convivencia sea pacífica.

Esta alternativa no es muy conocida por nuestra sociedad pero, pese a su falta de visibilidad, «es una opción a considerar por aquellos que desean alcanzar acuerdos que garanticen la continuidad de su ejercicio como padres», señala Trinidad Bernal, presidenta de Fundación ATYME , organización pionera en nuestro país a la hora de ofrecer este servicio. La mediación, remarca, «es una herramienta muy útil para aquellas parejas que buscan que la separación o el divorcio sean pacíficos y que ambos progenitores puedan seguir ocupándose de sus hijos aunque ellos ya no estén juntos».

Pero para que sea efectiva, remarca Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF ( Unión de Asociaciones Familiares ), es necesario que los miembros de la pareja acudan voluntariamente a informarse de este servicio. «La idea es fomentar en ambos actitudes de colaboración frente a las de confrontación propias de un procedimiento contencioso. En una mediación, los dos están de un mismo lado, del lado de la familia y, por tanto, son capaces de priorizar un interés compartido, que son los hijos, frente a los alicientes personales». La realidad es que para que la mediación se consolide hace falta, concluye la presidenta de AEAFA, «que los poderes públicos inviertan en la creación de equipos de mediación y se unifique la formación de estos profesionales, que en la actualidad pueden tener una base de Derecho, de Psicología, o ser trabajadores sociales».

No obstante, prosigue Lozano, se ha de ser consciente de que no todos los conflictos son mediables, en cuyo caso, la figura del coordinador de parentalidad se presenta como una alternativa para ayudar a los progenitores en la toma de decisiones sobre sus hijos. ¿Qué es y cómo funciona? «El coordinador de parentalidad interviene para “reconducir” los criterios educativos de los progenitores en beneficio de los hijos. Es una figura novedosa, de origen anglosajón, que todavía no está regulada en nuestro Derecho, pero que ya empieza a integrarse en los convenios reguladores y en las sentencias judiciales aunque el proceso sea contencioso».

En principio está dirigida a familias que presentan una alta conflictividad, remarca Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia , especializada en ofrecer este tipo de apoyo. «El 90% de los recursos judiciales se lo comen este tipo de casos, de múltiples litigios extendidos en el tiempo, o incumplimientos seguidos de sentencia. Ya no hay acuerdos, no hay comunicación, no hay vínculos, no hay voluntad de arreglar nada. Solo hay ganas de acabar o aniquilar a la otra persona. Son, por ejemplo, los casos de padres que no ven a sus hijos durante años, o al revés, porque la otra parte los ha puesto en contra».

La figura del coordinador parental, explica Del Prado, «es una especie de auxiliar del juez, que durante tres meses estudia en profundidad todos los pormenores de ese núcleo familiar. Se sienta con todo el entorno para tratar de sacar conclusiones: con el padre, la madre, los niños, los primos, los abuelos, el tutor, el pediatra... Con el objetivo de ayudarles a ver el riesgo que corre el menor. Después remitirá un informe exhaustivo con sus valoraciones, sus recomendaciones... al juez y este actuará en consecuencia. Es decir, que se ofrecen nuevas pautas, incluso se pueden sugerir el cambio de ciertas normas previamente establecidas, llegando a cambiar la sentencia».

Para la presidenta de AEAFA es importante recalcar que en 2017 en España «se divorciaron , separaron u obtuvieron la nulidad civil un total de 102.341 parejas, un 1 por ciento más que en el año 2016. Y que cada año hay más de 250.000 niños afectados por los procedimientos judiciales de las crisis familiares de sus padres, algo que conlleva secuelas para toda la vida. Son cifras que suponen un grave problema social y que hacen importante dotar a la sociedad del utillaje necesario para llevar a cabo un buen divorcio».