«Falta voluntad política para atender a la infancia en nuestro país»

Pedro Puig , presidente de Aldeas Infantiles SOS , asegura que desde hace años muchas organizaciones sociales están demandando planes de infancia más concretos que permitan detectar e identificar la situación de los menores en riesgo para poder atenderles debidamente. «Soy de naturaleza optimista —confiesa a ABC— y, aunque sé que va a costar mucho conseguir este plan porque afecta a varios ministerios, no decaigo en el desánimo. Finalmente es el Ministerio de Hacienda el que tiene la última palabra para dotar de presupuesto a esta iniciativa y contar con un plan de infancia. Para cuidar a los niños hace falta invertir», puntualiza.

Asimismo, desde esta organización instan al establecimiento de un Pacto de Estado que reduzca la pobreza y la exclusión infantil y evite situaciones de vulnerabilidad en los hogares con rentas más bajas. «Todas las organizaciones sociales estamos de acuerdo en que falta voluntad política para atender a la infancia. Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pero, desgraciadamente, no se llega a ningún acuerdo. Es urgente tomar decisiones, sobre todo después de los años de crisis económica que hemos pasado en los que la infancia ha quedado en una situación de gran vulnerabilidad, mucho más que la de las personas mayores».

Las medidas más urgentes para ayudar a los menores en nuestro país son, según Aldeas Infantiles, las siguientes:

1. Un Pacto de Estado por la Infancia

Identificación de las partidas destinadas a la infancia en los Presupuestos Generales del Estado.

Presupuestos específicos que garanticen el cumplimiento de la Ley de Protección Jurídica del Menor.

Aumento progresivo de la inversión real dedicada a la infancia del 1,3% del PIB aproximado actual al 2,4% del PIB de la media de la Unión Europea.

Creación de un fondo social de reserva que garantice la inversión en infancia, más allá de las situaciones de crisis.

Voluntad de establecer un Pacto de Estado por la Infancia consensuado con las organizaciones de infancia.

2. Reducción de la pobreza y exclusión infantil

Aumentar la prestación por hijo a cargo hasta los 1.200€ anuales y ampliar los umbrales de familias que perciben esta prestación. Actualmente la prestación es de 291€ anuales (24,25€ mensuales).

Incrementar la dotación actual del Fondo Extraordinario para combatir la pobreza infantil.

Elaboración de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil que establezca un marco coherente contra la exclusión, con objetivos e indicadores específicos y medibles, y con el suficiente respaldo económico.

3. Compromiso con los derechos de la infancia

Garantizar el derecho de los niños a ser escuchados y a participar a través de canales reales y estables en las decisiones, planes y leyes que les afectan, especialmente en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia.

Desarrollo de una Estrategia Integral de Lucha contra la Violencia contra la Infancia articulada en torno a una Ley Orgánica que implique a las Administraciones y que plantee medidas de prevención, detección, intervención y restauración.

4. Estadísticas fehacientes y exhaustivas sobre la situación de las familias en riesgo en España.

Sólo así los menores más vulnerables serán tenidos en cuenta y sus realidades podrán ser abordadas a través de políticas y de la acción directa.

Adopción de métodos de recopilación de datos capaces de evaluar a los niños más vulnerables.

Asimismo, reclamamos una serie de medidas que garanticen el bienestar de los niños que forman parte del sistema de protección y prevención en nuestro país:

1. Elección de la mejor alternativa de cuidado adecuándolo a la situación específica de cada niño.

2. Procurar la no separación de hermanos ante una situación de desamparo.

3. Equipos terapéuticos especializados en el diagnóstico y tratamiento de los efectos derivados del maltrato en la infancia.

4. Incrementar las ayudas vinculadas a la mejora del rendimiento escolar.

5. Homogeneizar el acceso a los recursos de Servicios Sociales en las zonas urbanas y rurales.

6. Desarrollar un sistema de prevención que detecte las necesidades de las familias y facilite el desarrollo de planes de trabajo integrales.

7. Ampliar el apoyo y el acompañamiento a los jóvenes cuando abandonan el sistema de protección.

Por último, proponemos las siguientes medidas de protección relacionadas con el actual marco legislativo:

Aplicar el desarrollo reglamentario de Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, para asegurar una aplicación homogénea que evite diferencias de criterios interpretativos entre Comunidades Autónomas.

Adoptar medidas especiales de protección para niños refugiados o solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados y víctimas de abusos sexuales, explotación o trata, y modificar de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección para la seguridad ciudadana, para poner fin a las «devoluciones en caliente».