La crisis económica frena la avalancha de divorcios en España tras el confinamiento

«Las personas que se encuentran en paro, ERTE o han perdido su negocio no pueden sostener dos unidades familiares a la vez» , refiere la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano. El incremento de separaciones y divorcios que registró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre del año, de un 16% más respecto a 2019, responde a la reapertura de los juzgados después de casi tres meses de parálisis más que a una evolución al alza de las disoluciones matrimoniales.

El Observatorio del Derecho de Familia se elabora a partir de una encuesta a los más de 2.500 abogados especializados de la AEAFA. Se trata de la tercera edición de este informe, tras los dedicados a las demoras en la resolución de divorcios en España y el funcionamiento de los equipos psicosociales.

En cambio, donde sí se ha detectado una variación significativa es en las peticiones de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos a los hijos por parte de progenitores divorciados (tal como indica el 53% de los encuestados). La caída significativa de los ingresos ha forzado a padres y madres a plantear ante el juez el recorte en las aportaciones económicas. Para que prosperen, los afectados deben demostrar que el cambio de las circunstancias es sustancial y no se trata de una situación transitoria o coyuntural. Asimismo, debe ser imprevisto y que no haya sido provocado o buscado voluntariamente por el progenitor .

A raíz del deterioro de los presupuestos familiares, los abogados de la AEAFA también han constatado un crecimiento significativo de los procesos de Jurisdicción Voluntaria por discrepancias de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad del artículo 156 del Código Civil. Estas discrepancias se refieren a cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social como la ortodoncia, cuyo impacto económico es importante. «Hay progenitores que, aunque mantienen la misma aportación por pensión de alimentos, plantean que los hijos vayan a un colegio público o concertado en vez de a uno privado al no poder hacer frente a este desembolso. Lo mismo sucede con actividades extraescolares que implican un coste importante», afirma la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.