El Comité de la Mujer de la ONU concluye que una mujer de Lugo sufrió violencia obstétrica durante su parto

Los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respondieron a una queja presentada por dicha mujer, que sufrió un trauma físico y mental duradero como resultado de lo sucedido durante el parto. Es la primera vez que el CEDAW adopta una decisión relacionada con violencia obstétrica .

La mujer, S.M.F, informó al CEDAW que había acudido a un hospital público en Lugo cuando tenía 39 semanas y seis días de embarazo , simplemente para recibir orientación. Según explicó la mujer, sufría contracciones irregulares, pero aún no había entrado en trabajo de parto. Sin embargo, a pesar de ello, el personal médico decidió inducirle el parto.

El Comité ha concluido que «cuando llegó al hospital no existía ninguna emergencia y, sin embargo, desde el momento que fue admitida, fue sometida a numerosas intervenciones sobre las cuales no recibió ninguna explicación». Además, no se le pidió su consentimiento sobre los procedimientos a los que fue sometida.

Su hija recién nacida fue llevada inmediatamente a la Unidad de Neonatología , en la que permaneció siete días para ser tratada por una infección que, según argumentaron las abogadas de S.M.F, podría haber sido causada por las intervenciones médicas excesivas e inadecuadas. Llevó su caso a los tribunales en España , pero , según las conclusiones del Comité, se enfrentó a estereotipos de género y discriminación durante todo el proceso judicial .

«Esta mujer tuvo un embarazo normal pero luego fue sometida a intervenciones que afectaron profundamente su salud física y mental y la salud de su bebé. Es hora de poner fin a la violencia obstétrica . Las mujeres no deberían experimentar un trato abusivo y discriminatorio durante el parto«, ha explicado la vicepresidenta del CEDAW, Gladys Acosta Vargas.

El Comité ha instado a España a proporcionar a S. M. F. una reparación apropiada por el daño que sufrió a su salud física y psicológica . También se le pide a España que brinde a los profesionales de salud y a los operadores de justicia una capacitación profesional adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva, y que se garantice el acceso a procedimientos legales efectivos en casos de violencia obstétrica.

«Confío en que España tomará muy seriamente las recomendaciones formuladas en el dictamen, y que su amplia difusión promoverá cambios sustanciales en los protocolos de atención médica en muchos países», ha concluido Acosta Vargas.