Las familias de niños con TEA denuncian a la Comunidad de Madrid

Hace ya varias semanas que las familias afectadas decidieron unir sus fuerzas para paralizar las nuevas medidas que el titular de educación, Emilio Viciana Duro, puso en marcha el pasado 20 de octubre con la Resolución 254 por la que se modifica la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastorno del espectro autista. Aunque la CAM defiende estas instrucciones, pues asegura que facilitan la organización y funcionamiento de los colegios, profesionales del sector educativo, padres y madres aseguran que no es así, por eso decidieron plantar cara a la administración y se manifestaron el pasado 15 de noviembre frente a Consejería de Educación.

«Ahora, esperamos que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad de Madrid acepte la medida cautelar y suspenda la aplicación de la resolución», explica a ABC Laura Abadía Benito, presidenta de la Asociación Segundo Maestro, «puesto que está causando daños irreparables a menores de edad -continua-, al denegarles sin garantías y de forma discriminatoria, el acceso a los ajustes razonables que necesitan para poder acudir al colegio y ser atendidos en igualdad de condiciones que sus compañeros».

Y es que la Resolución 254 es un «recorte encubierto en toda regla al subir la ratio sin aumentar profesores», asegura Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, que también ha interpuesto un recurso que ya ha sido admitido a trámite.

La realidad es que la nueva medida, que llegó a finales de octubre a los centros, reorganiza las clases e incluye instrucciones «que empeoran considerablemente las posibilidades y la calidad de la educación de este alumnado», cuenta Galvín, pues permite la ampliación de 5 a 7 los alumnos con TEA por aula sin reforzar el número de profesionales o sin la aplicación de las metodologías específicas con criterios de calidad que requieren. Tampoco proporciona la suficiente formación específica a los profesionales que trabajan con estos menores, quienes, a su vez pueden ser sacados de su aula por una decisión unilateral de la Comisión Técnica Interterritorial (CTI), un órgano «opaco», denuncian las familias, pues la CAM no ha clarificado ni especificado cuáles con los criterios para la inclusión o acceso del alumnado a las aulas TEA-TGD por la CTI, así como los baremos, el procedimiento que sigue, cómo se notifica o cuáles son las formas de reclamación.

«Esta resolución, que se enmarca dentro de la Ley Maestra que se aprobó el pasado año, es contradictoria a la Ley de Educación (LOMLOE), a la Constitución o a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad porque afecta al derecho fundamental de todos al acceso a la educación pues limita la elección del centro escolar, lo cuál es discriminatorio, y lo más graves es que no atiende las dificultades de aprendizajes de estos menores, quienes requieren de ajustes que por ley deben efectuarse para garantizar su derecho a la educación», subraya la presidenta de la Asociación Segundo Maestro.

Por eso, Rodríguez Zapatero ha presentado no sólo el recurso contencioso administrativo sino que también solicita la suspensión inmediata de la norma puesto que «podría causar daños y perjuicios irreparables a estos alumnos», subraya Abadía, «porque se les echa del aula TEA. ¿Cómo reparas a esos niños que han sido afectados?», se pregunta.

«El problema más importante de esta resolución es que tiene defectos muy graves de forma. El consejero de la CAM no puede regular derechos fundamentales a través de una disposición legal -subraya la presidenta de la entidad- Por eso, solicitaremos también al juez que eleve al Tribunal Constitucional (TC) la Ley Maestra por su inconstitucionalidad. Es algo en lo que ya estamos trabajando».

Este movimiento resulta vital y es ya «un precedente de cara al resto de comunidades», afirma Abadía, «porque algunas están empezando a hacer lo mismos: regular de espaldas a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad».

Mientras tanto, las familias «se pueden oponer a la Resolución 254», informa la responsable. «Han de informarse bien y tener mucho cuidado con lo que firman porque esta resolución es abusiva, limita los derechos de sus hijos y no garantiza seguridad jurídica alguna (no pueden defenderse, no da derecho a recurrir….). Por lo que no tienen que aceptar ni autorizar este procedimiento. En el caso de que estén ya afectadas, tienen que recurrirlo legalmente».