Las familias madrileñas de niños con TEA plantan cara a la Comunidad de Madrid

Las familias afectadas han decidido unir sus fuerzas para paralizar las nuevas medidas que la Comunidad de Madrid (CAM) está poniendo en marcha a través de la Resolución 254, emitida el pasado 20 de octubre, por la que se dictan instrucciones para, según la CAM, facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastorno del espectro autista y, las actuaciones relacionadas con la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado.

Sin embargo, la misma deja abierta la posibilidad de aumentar de cinco a siete el número de alumnos con TEA por aula sin reforzar el número de profesionales o sin la aplicación de las metodologías específicas con criterios de calidad que requieren estos menores con necesidades educativas especiales. Tampoco proporciona la suficiente formación específica a los profesionales que trabajan con estos niños, quienes, además, pueden ser sacados de su aula por una decisión unilateral de la Comisión Técnica Interterritorial (CTI), un órgano «opaco», denuncian las familias, pues la CAM no ha clarificado ni especificado cuáles con los criterios para la inclusión o acceso del alumnado a las aulas TEA-TGD por la CTI, así como los baremos, el procedimiento que sigue, cómo se notifica o cuáles son las formas de reclamación.

«Esta resolución se enmarca dentro de la Ley Maestra aprobada el año pasado», explica a este periódico Laura Abadía Benito, presidenta de la Asociación Segundo Maestro que lidera la impugnación de la Resolución. Sin embargo, frente a lo que aparenta esta disposición, «vulnera muchos principios constitucionales y derechos de las personas con discapacidad», alerta Abadía, puesto que «aumenta y amplia las modalidades de educación especial y limita el derecho de los padres a elegir centro educativo. Además, ya se intuía una reducción considerable de los apoyos educativos, de manera que dificulta a las familias el acceso a la educación ordinaria».

Las familias están muy preocupadas y descontentas ante unas medidas que promueven «la segregación y vulneración de los derechos de las personas con discapacidad», pues no se abordan «de manera adecuada las necesidades de los alumnos con trastorno del espectro autista, y promueve prácticas que van en contra de la inclusión y la atención a la diversidad, vulnerando los principios que promueve la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad».

Ramos, recuerda, que «en toda España hay un crecimiento exacerbado de la comunidad autista», por lo que esta manera de legislar «no soluciona el problema». «Dentro de cinco años, ¿cómo lo van a hacer? -continua- Porque ya no es sólo la ratio sino cómo cataloga la administración a la comunidad autista».

Fruto del desconocimiento por parte de los políticos, estos menores son incluso derivados a colegios de educación especial. «Éstos se llenan de niños autistas sin discapacidad intelectual, lo que perjudica a los menores que sí necesitan estos centros porque son grandes dependientes», explica Ramos. «Si los colegios de educación especial se llenan de menores autistas, se dejará sin recursos a los primeros», advierte.

Las familias, además, no sólo van a manifestarse sino que van a plantear un recurso contencioso-administrativo de la Resolución 254, tras recaudar los 5.300 euros que necesitaban para poder contratar al abogado especializado Juan Rodríguez Zapatero. Solicitarán así la impugnación de la resolución y la inconstitucionalidad de aquellos puntos de la Ley Maestra, 1/2022, que, a juicio de los afectados, «vulneran los derechos a una educación inclusiva y de calidad».

«Tenemos posibilidades muy altas de ganar porque lo que ha pasado es que se han puesto a regular sobre derechos fundamentales a través de unas instrucciones», explica Abadía.

«Lo que queremos es una solución educativa que permita dar respuesta a las necesidades reales de estos menores, que lo que necesitan son más recursos -añade Ramos-. Pedimos a la CAM que deje de poner parches y busque una respuesta adecuada, efectiva y a largo plazo tanto para los alumnos como a los profesores. Y, para ello, es muy importante que escuchen a la comunidad autista y a sus familias: no pueden hacer leyes sin saber ni consultar».