Uniforme o ropa de calle: ¿qué es mejor?

El uniforme escolar es una decisión que compete a los centros escolares públicos de forma optativa. Es decir, es el centro el que, de manera democrática, decide si quiere o no implantar el uniforme. Sin embargo, en colegios públicos y privados, es obligatorio. De hecho, este tipo de centros son los que usan fundamentalmente el uniforme.

Todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid , por ejemplo, tienen autonomía para implantar el uniforme escolar , siempre y cuando la medida responda a una petición de los padres de los alumnos y haya sido aprobada por el Consejo Escolar. Aproximadamente, un 20% de los 800 centros madrileños de titularidad pública cuentan con uniforme.

Según el Gobierno regional, en su último informe respecto al uso de esta prenda, « supone un considerable ahorro económico para las familias, evita desigualdades y permite al alumno identificarse con el centro en el que estudia ». En esta misma línea se sitúa un informe elaborado en 2008 por la Fundación para la Calidad de la Educación, dependiente de la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana, en el que se aseguraba que la implantación del uniforme escolar supone «un ahorro aproximado del 40% en gasto de ropa escolar».

En concreto, el estudio revela que la uniformidad supone un gasto de unos 300 euros por alumno , mientras la ropa de calle supone un gasto mínimo de 550 euros por niño.

En Andalucía , sin embargo, la gran mayoría de los centros educativos públicos no exige el uniforme como requisito obligatorio, según el «Informe sobre los uniformes escolares en Andalucía», que destaca la «complejidad» de este asunto.

El problema fundamental del uniforme escolar reside en su distribución y venta . Ha habido denuncias en diferentes comunidades autónomas contra colegios concertados que registraban el escudo colegial como marca y acuerdan la venta exclusiva en determinados. También se han dado casos en los que la ropa se vende exclusivamente en el centro escolar. Todo ello incrementa el precio .

En España, el Consello Gallego da Competencia, inició en 2011 un informe para determinar la situación del mercado en Galicia que se publicó en 2015. En él, se muestra la preocupación de dicho organismo por la falta de competencia en la distribución de uniformes escolares en Galicia. Y es que los resultados evidenciaron que no se favorece a las familias , que son las que compran y no pueden disfrutar de las ventajas de disponer de un mercado más competitivo.

El informe concluye que uno de cada tres colegios con uniforme impone exclusividad en su fabricación y venta , lo que puede generar «sobrecostes». De hecho, el «II Estudio sobre la vuelta al cole» elaborado por iAhorro.com, asegura que comprar los uniformes en el propio centro cuesta 16,87 euros más de media este año. Aunque es más cómodo, también es más caro. De esta manera, comprar el uniforme en el colegio cuesta de media 214,57 euros frente a los 193,71 euros de media que cuesta comprarlos en una tienda de barrio o un centro comercial.

En general, este 2019 el precio de los uniformes ha subido un 1,03% hasta los 204,14 euros de media. Esta subida se centra en aquellos uniformes que se venden en el propio centro (214,57 euros y una subida del 1,94%), mientras que la venta en tienda prácticamente repite precios (193,71 euros de media y una subida del 0,05%).

La comunidad autónoma con los uniformes más baratos es Extremadura con una media de 182,32 euros, le sigue País Vasco con 192,77 euros y Asturias con 193,87 euros. Por el lado contrario, las más caras son Navarra con 228,21 euros, Madrid con 226,77 euros y Cataluña con 224,82 euros.

El Consello Galego da Competencia considera que en la actualidad «no existe suficiente competencia en el mercado de uniformes escolares en Galicia». Así, los colegios acaban imponiendo a las familias dónde realizar la compra. Si la distribución es exclusiva, es más caro . Así, los centros educativos suelen obtener una compensación del distribuidor.

En el Reino Unido , la «Competition and Markets Authority» estima que la falta de competencia en el mercado de uniformes escolares supone un sobrecoste de más de 60 millones de libras al año para las familias británicas. Este organismo concluye que los uniformes de los colegios que tienen un contrato de distribución exclusiva con un único proveedor son un 23% más caras que cuando existe libertad para la distribución de las mismas.

En términos similares, la Competition Commission de Irlanda también alerta de que la falta de competencia supone que muchas familias paguen por los uniformes de sus hijos unos precios superiores a los que resultarían en un mercado con competencia efectiva.

El estudio gallego también pone en evidencia que existe una gran disparidad entre los centros educativos a la hora de decidir qué prendas del uniforme son básicas u oficiales. Mientras unos colegios exigen que todas o casi todas las prendas sean oficiales, otros permiten que se recurra a las prendas básicas.