Los niños talentosos necesitan una atención especial para su desarrollo armónico y así lo exigen sus padres a Educación.EFE

Los padres de superdotados piden que la ley de Calidad reconozca las necesidades

M. ASENJO/ R. BARROSO
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MADRID. Los alumnos españoles con un cociente intelectual superior a la franja situada alrededor del 130 suponen alrededor del 2 por ciento de la población escolar (unos 300.000 alumnos), aunque su número no se ha establecido con fidelidad debido a que el diagnóstico de los casos es todavía muy bajo (2.000 alumnos) y, por tanto, los datos son escasos. Con todo, en cada aula hay al menos un niño que supera la barrera de la superdotación, según los datos que maneja el Ministerio de Educación y que ha utilizado en sus investigaciones Josep de Mirandés, director del Instituto Catalán de Superdotación y miembro de la Directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Superdotación (CEAS).

Entre estos pequeños talentosos se encuentra Bárbara, una niña toledana que fue noticia porque la normativa vigente le impedía pasar de primero de Primaria a tercero, como pedían sus padres, debido a sus altas capacidades intelectuales. Tras innumerables gestiones y trámites judiciales, su caso ha vuelto a la actualidad, y con él, el de miles de niños necesitados de una atención especial para que su desarrollo humano y profesional sea correcto.

En efecto, una sentencia de la Audiencia Nacional ha anulado la Orden del Ministerio de Educación de 1996 que impedía a los escolares superdotados adelantar más de un curso dentro de la misma etapa educativa (Primaria o Secundaria). El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo estima que una norma de rango inferior a la Logse -la citada Orden- no puede introducir límites a la flexibilización que permite la ley, que incluye a los superdotados entre los alumnos con necesidades educativas especiales. La Audiencia ha estimado una cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el caso de la mencionada alumna, cuya edad mental era de 9 años y a la que, en aplicación de la Orden Ministerial, se le impidió adelantar dos cursos. La Audiencia descarta que se haya infringido el derecho a la Educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución y lo considera un problema de legalidad ordinaria. Esta decisión de la Audiencia será recurrida ante el Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, además de ordenar al colegio que adelantara dos cursos a la niña y al equipo pedagógico del centro que adaptara el currículo, condenó a la Administración educativa por vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En Canarias han llegado al Tribunal Superior de Justicia más de 20 casos y sistemáticamente se condena a la Administración.

Este fallo de la Audiencia Nacional abre una nueva etapa sobre la detección, atención y seguimiento de los niños con altas capacidades.

Nueva etapa

Las asociaciones de padres de alumnos con superdotación consideran positiva la sentencia. Sin embargo, advierten que sólo anula parcialmente la Orden. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos con Superdotación, José Antonio Montes, señala que el problema es mucho más profundo, ya que se trata de atender las necesidades reales de estos escolares desde todos los ámbitos implicados. Denuncia que pese a sus constantes reivindicaciones para que se atienda correctamente a sus hijos «no se han visto los resultados esperados».

La Logse, de acuerdo con el principio de atención a la diversidad, los incluye dentro de los alumnos con necesidades educativas especiales, lo que les permite beneficiarse de una serie de medidas específicas para mejorar su atención y evitar su fracaso escolar.

La ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que se encuentra en fase de trámite parlamentario en el Senado, incluye en su regulación a los alumnos superdotados. Según sus promotores, «por primera vez, una ley educativa se ocupa de manera específica e independiente de los alumnos superdotados». Del texto aprobado por el Congreso emana el compromiso de «garantizar una adecuada respuesta a las necesidades y circunstancias que concurren en estos alumnos».

Por lo que se refiere a la legislación, el artículo 43 de la LOCE establece que «los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención específica por parte de las Administraciones educativas». Para ello y según el punto 2 del referido artículo, las autoridades educativas «adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades».

En efecto, los expertos consideran que el éxito de estos escolares depende de la detección precoz de su talento. Por este motivo, la ley insiste en reclamar de las entidades competentes una atención especial «en las medidas de identificación y evaluación de forma temprana de estos alumnos».

Cómo y cuándo reconocerlos

Alex tiene dos años y todas las sospechas apuntan a que está dotado de una alta capacidad intelectual. Sus preguntas y respuestas no se corresponden con su edad. ¿De qué está hecho un libro?, le preguntan. Su respuesta: «De cerebro». Con todo, no resulta fácil para los padres reconocer si su hijo es o no un niño superdotado, talentoso, precoz o cualquier otra forma de alta capacidad intelectual. Ante la duda, si el niño no está escolarizado, conviene acudir a los Centros de Identificación Especializados para que realice un diagnóstico y si lo está los padres pueden solicitar consejo al centro educativo. Hoy por hoy es factible hacer un diagnóstico a partir de los tres años, de manera que los cuatro se considera un momento óptimo para realizar la primera evaluación. A pesar de que existen expertos que señalan que los resultados definitivos no se podrán dar de forma estable hasta los 12 ó 13 años, todos coinciden en que cuanto antes se intervenga más fácil será orientar correctamente todo el proceso educativo. No obstante, hay que tener en cuenta que el objetivo no es «etiquetar» a los niños, sino descubrir sus potenciales capacidades.

Así lo recomienda el Ministerio de Educación, que considera que «todas las características de los alumnos superdotados deberán ser estudiadas antes de los 11 ó 12 años» y asegura que podría calificarse de «descuido pedagógico por no decir de negligencia» que un alumno con estas características acceda a la Enseñanza Secundaria sin haber sido detectado o evaluado con anterioridad.

Con respecto a la LOCE, José Antonio Montes indica que la nueva ley «saca» a los niños con altas capacidades intelectuales del área de necesidades educativas especiales y los incluye dentro del apartado de «necesidades específicas» donde están extranjeros, superdotados y necesitados de asistencia especial. «Por tanto -asegura- se restringiría el ámbito de actuación, si en el que prevé la LOCE no tuvieran los mismos derechos adquiridos de necesidades educativas especiales». Sobre los preceptos de la ley de Calidad, asegura que, pese a que las intenciones son buenas, hay que temer que «al igual que ocurrió con la Logse algunas Comunidades Autónomas puedan desvirtuar el espítitu de la ley».

En relación a la creación de centros específicos para estos niños, Montes señala que no existen criterios coincidentes entre las asociaciones y, por tanto, «los padres no tienen una doctrina común al respecto». Como principio general, apoya la integración de los superdotados en centros ordinarios y reclama que se dote a todos los colegios de medios suficientes, tanto materiales como humanos, para atender a estos escolares. No obstante, no descarta que, en casos especiales, como ocurre con los discapacitados, se pueda acudir a centros específicos para un mejor desarrollo de los niños con altas capacidades intelectuales.

Atención psicopedagógica

Las asociaciones de padres denuncian la falta de equipos psicopedagógicos específicos para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la sobredotación intelectual o la escasa o nula preparación que sobre esta materia tienen los existentes hoy en día. En este sentido, solicitan la creación dentro de la Consejería o Departamento de Educación de una sección de recursos especiales con personal especializado para responder con eficacia a  estos  niños. En este sentido, De Mirandés advierte que  hay que distinguir entre el dictamen y la respuesta escolar, que deben darla los colegios.

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