La ministra de Educación, Pilar del Castillo, junto al director de la Aneca. M. CUBERO

La evaluación del profesorado universitario deriva en un conflicto educativo entre Gobierno y oposición

Educación, denunciado por el presunto desvío de 11 millones de euros -previstos para formación del profesorado- a la compra de un edificio para la Aneca

MADRID. MILAGROS ASENJO
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 La oposición política (PSOE e IU) se incorporó ayer a la polémica suscitada por los resultados de la valoración docente e investigadora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y, en sendas ruedas de prensa, exigió el cese de su director, Ismael Crespo. El portavoz socialista en la Comisión de Educación, Jaime Lissavetzky, y el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, emitieron duras críticas contra la actividad de la Agencia y realizaron denuncias relacionadas con su gestión. La Aneca respondió de inmediato con duros reproches.

Como informó ABC, en las últimas semanas se han intensificado las críticas contra la actividad de este órgano de evaluación que juzga la actividad de los profesores para acogerse a las nuevas figuras docentes de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Especial relieve ha tenido la difusión de dos informes del profesor Andrés de la Oliva Santos.

Amparo de la Cámara

Lissavetzky fundó su petición de cese del director en «las irregularidades y escándalos» que, en su opinión, impregnan la actuación de Crespo al frente de la Aneca. Para el PSOE, la actividad de este órgano se caracteriza por «ineficiencia en la gestión, inestabilidad por la dimisión de miembros de las comisiones de evaluación y opacidad y falta de transparencia». Además de pedir la dimisión de Crespo, el diputado socialista exigió el reconocimiento del «error» de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, al nombrarlo.

Asimismo, el PSOE denunció el desvío de 11,6 millones de euros de una partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2003 -financiada por el Fondo Social Europeo y destinada a becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores-, para la compra de un nuevo edificio a la Aneca. El parlamentario del PSOE invitó a Pilar del Castillo a que «demuestre públicamente» que ese dinero no sale de dicha partida para formación del profesorado.

Además, los socialistas han presentado en el Congreso de los Diputados dos solicitudes de documentos al Ministerio de Educación. En la primera, se pide información sobre los vehículos adquiridos o alquilados por la Aneca, los viajes efectuados fuera de España por su director, Ismael Crespo, y sus gastos de representación. Exigen también las actas del Patronato de la Fundación de la Aneca, la relación de los puestos de trabajo de la Fundación Aneca, con la especificación de sus retribuciones, y el presupuesto de la misma, concretando anualidad y concepto. Según explicó Lissavetzky, su objetivo es conocer el dinero con que cuenta esta fundación creada por la LOU, puesto que, a pesar de estar financiada con fondos públicos, «no es público nada de lo que hace». Para conseguir su propósito, los socialistas han pedido el amparo a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi.

Sin identificación

Lissavetzky recordó que el PSOE ha realizado 14 iniciativas en el Congreso con el fin de conseguir datos sobre la financiación de la Aneca y el sueldo del director, que estimó entre 80.000 y 100.000 euros anuales. Finalmente, advirtió que no descartan emprender en el futuro acciones jurídicas por entender que «hay algo que ocultar».

Por su parte, Gaspar Llamazares estuvo acompañado en la conferencia de prensa por un profesor, que no quiso identificarse por temor a represalias, ya que su evaluación ha sido negativa. En palabras de este docente existe una «indignación total» con la Aneca en todos los estamentos de la comunidad universitaria, ya que en algunos departamentos han «suspendido» al cien por cien de los candidatos. Hay que recordar que el 70 por ciento de los aspirantes ha superado la evaluación.

El coordinador general de IU acusó a Crespo de actuar como «presidente de un tribunal inquisitorial» al frente del organismo «sesgado, no profesional y sectario», que «carece de leyes objetivas». En este sentido, Llamazares pidió la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de Pilar del Castillo, para explicar la «indignación» del profesorado y la Universidad pública. A su juicio, este organismo funciona con «tribunales sesgados, gran debilidad técnica, persecución ideológica y sin criterios ni baremos».

Contundente respuesta

La Aneca calificó ayer de «repugnante» el hecho de que el PSOE e IU, «utilicen» la Universidad con el «interés bastardo» de que no se lleve a cabo la evaluación del profesorado. La portavoz de la Agencia, María Luz Peñacoba, respondió que todos los miembros del comité de evaluación, «que tienen una media de 4,8 sexenios en su profesión , tienen su nombre y dan la cara por las decisiones e informes que emiten» y lo hacen «de forma absolutamente transparente».

Peñacoba resaltó que «es repugnante que Llamazares y Lissavetzsky utilicen para intereses partidistas la calidad de la universidad». Sobre la evaluación en sí, la portavoz de la Aneca reiteró que se hace individualmente sobre el currículum, y se determina «cómo está de capacitado para desempeñar el puesto al que opta, no se le valora para un departamento o plaza concreta y si el cien por cien de las personas de un departamento ha sido calificado negativamente deberían preguntarse qué han hecho todos estos años». Sobre la «desviación» de 11 millones de euros para compra del edificio explicó que eso le afecta «más bien» al Ministerio de Educación «porque es una técnica presupuestaria». En cuanto al sueldo de Crespo, añadió: «Está en los Estatutos; no hay más que un coche, un «volvo 60», muchísimo peor que el de cualquier rector; y si viaja, lo hace en la misma categoría que un subdirector, con lo que nunca ha viajado en primera clase».

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