Amenazan a objetores de Educación para la Ciudadanía en Extremadura

PACO VADILLOMÉRIDA. Varias familias extremeñas cuyos hijos estudian en los Institutos públicos de Montijo y Badajoz han recibido amenazas y coacciones verbales por parte de los directores de los

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MÉRIDA. Varias familias extremeñas cuyos hijos estudian en los Institutos públicos de Montijo y Badajoz han recibido amenazas y coacciones verbales por parte de los directores de los centros porque los alumnos no cursan Educación para la Ciudadanía. Es, al menos, lo que denuncia el Foro Español de la Familia, cuyo presidente, Benigno Blanco, ha asegurado a ABC que las amenazas se han producido a finales de septiembre y principios de octubre cuando los directores de estos Institutos «llegaron a decir a los padres que sus hijos no pasarían de curso y que podrían repetir si no acudían a las clases de Educación para la Ciudadanía», apunta Blanco.

Tras un mes desde que se produjeran estas amenazas los chicos siguen sin acudir a las clases de esta asignatura y las coacciones ha cesado tras la actuación del gabinete jurídico del Foro que «se ha puesto en contacto con estos directores y les ha informado que si continúan con esa actitud serían llevados a los tribunales». El Foro Español de la Familia espera que la administración regional intervenga en esta cuestión.

Acto delictivo

La demanda de los padres que han presentado su queja ante el Foro, «siete u ocho familias extremeñas», consiste en que la administración sea quien intervenga en esta cuestión, pero según el presidente del Foro de la Familia «no lo ha hecho». El problema radica en que esta asignatura es obligatoria y la «abstención» conlleva el suspenso de la misma. Aunque los miembros de este colectivo asegura que no aceptar la objeción puede representar «un acto delictivo».

Por su parte el presidente del PP regional, Carlos Floriano, cree que esta situación es «muy grave» y que «deben derivarse responsabilidades políticas, porque la objeción de conciencia es un derecho constitucional que todos podemos ejercitar y si hay alguien que impide el ejercicio de un derecho constitucional debe responder judicial y políticamente».

Las Delegaciones Provinciales de Educación informarán a las familias que sus hijos no pueden dejar de cursar válidamente una materia obligatoria, «y en caso de hacerlo se derivarán las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico».

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