España incumple derechos de las embarazadas, según el Consejo de Europa

«Los motivos de despido de una asalariada durante su embarazo o su baja maternal van más allá de las excepciones admitidas», recuerda el Comité en sus conclusiones, publicadas este martes, tras haber advertido ya en 2011 y 2015 de que el Estatuto de los Trabajadores prohíbe esa actuación .

La Carta Social europea no autoriza el despido de una trabajadora durante su embarazo o baja maternal, excepto en ciertos casos muy estrictos, como la constatación de una falta grave que justifique la ruptura del contrato de trabajo. Así, un motivo como los despidos colectivos «plantea problemas de compatibilidad» con la Carta. Por ello, la legislación «debe prever vías de recurso apropiadas y efectivas» y la «reintegración debe ser la regla», aunque «si es imposible o la interesada no lo desea, una compensación suficiente debe ser acordada».

En cuanto a las pausas de lactancia remuneradas en el sector público, las conclusiones señalan que han solicitado confirmación a las autoridades pero no la han recibido, por lo que se concluye la no conformidad con la Carta.

El Comité centra sus conclusiones 2019 en los derechos de niños y jóvenes a ser protegidos, la maternidad laboral, la protección social y económica para las familias, la asistencia a trabajadores inmigrantes, igualdad de oportunidades y derecho a la vivienda.

La situación de España no es conforme en ámbitos como la injusta remuneración de aprendices, el inadecuado nivel de prestaciones familiares, las garantías contra la discriminación para trabajadores extranjeros y la falta de prestaciones para el reagrupamiento familiar. En los sectores analizados, España cumple 12 disposiciones y 7 quedan pendientes de información complementaria. En el conjunto del panorama europeo, el Comité afirma que menores, familias e inmigrantes «están en peligro» al incumplirse un total de 289 disposiciones.

España se rige por la Carta Social europea de 1961, ya que está pendiente de ratificar la Carta revisada de 1996, que incluye derechos a la protección contra la exclusión social, contra el acoso sexual y el de los representantes de los trabajadores.

El presidente del Comité, Giuseppe Palmisano, declaró a Efe que la ratificación «sería muy bienvenida, dado que la Carta revisada y las reclamaciones colectivas ofrecen herramientas de buen gobierno democrático».

El secretario ejecutivo del Comité, Jan Malinowsk i, recordó que España podría convertirse en el tercer país, junto a Francia y Portugal (el Consejo de Europa cuenta con 47), en aceptar todas las disposiciones de la Carta revisada. Añadió que la ratificación de la Carta revisada, pendiente de que sea aprobada por el Parlamento, «estaría en plena consonancia con la Constitución española, que declara ser un estado social y democrático sujeto al Estado de derecho».