El Gobierno pretende que el registro de delincuentes sexuales esté en vigor antes de las generales

El texto que se presenta modifica un total de veinte leyes y pretende, a grandes rasgos, establecer un nuevo marco de derechos y deberes de los menores y una mayor protección para determinados colectivos especialmente vulnerables; modificar de arriba a abajo el sistema de protección de menores español y, por último, centrase en la lucha contra la violencia en la infancia. Dentro de estas líneas de trabajo, la directora general de Servicios para la Familia destaca las siguientes medidas:

—Creación de un registro de delincuentes sexuales. Todas las personas que realicen cualquier actividad, profesión u oficio relacionado con niños –maestros, pediatras, voluntarios de campamentos, catequistas....– deberán demostrar que no han sido acusados ni condenados por abusos sexuales, exhibicionismo, trata, etc. Este registro dependiente del Ministerio de Justicia aportará la identidad de los condenados, así como la información con su perfil genético de ADN. «Aún no está decidido si tendrá carácter retroactivo –asegura Adroher–. Matices de este tipo se determinarán después de que el documento se publique en el BOE, entre en vigor a los veinte días y el Gobierno lo desarrolle durante los seis meses siguientes. Esperamos que este en marcha antes de las elecciones generales».

—La pobreza y la discapacidad no son motivos para separar a un menor de sus padres. El objetivo es modificar el concepto de desamparo, que el Código Civil vigente define cuando hay «una carencia moral y material». El nuevo documento matiza que el desamparo tendrá lugar cuando hay maltrato por parte de los progenitores o tutores del niño y, por tanto, solo en esos casos sí se procederá a una separación del menor que es víctima de sus padres.

—Se prima el acogimiento familiar frente al residencial . Hasta la fecha era necesario que la familia del menor consintiera el traslado de su hijo a otra familia. «Con el nuevo documento pretendemos que sea la Administración la que tenga la decisión para favorecer que el menor desarrolle su vida en un entorno familiar».

Según datos de la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, en España hay 13.500 niños en acogimiento residencial . «Lo grave no es el número de niños que están en esta situación, que ya es importante, sino el número de años que pasan tutelados por la Administración. Muchos de ellos están desde que nacen hasta que cumplen los 18 años». Explica que cuando salen de los centros no están preparados por lo que el texto hoy presentado propone prestar mayor atención a su formación y bienestar una vez que son adultos.

—Adopciones. En este apartado se pretenden llevar a cabo importantes novedades para regular los criterios de idoneidad de las familias que adoptan y, de este modo, simplificar todo el proceso dotándolo de mayor agilidad, fundamentalmente cuando se trata de menores de tres años. Además, se crea la adopción abierta que permitirá al menor estar en contacto con su familia biológica.

—Centros para menores con trastornos de conducta . Serán regulados. Es otra de las novedades.

—Mayor atención . Los menores son empoderados, sobre todo en su derecho a ser escuchados y en cualquier proceso judicial se les explicará la situción en función de su edad de forma que resulte lo menos violento posible.