«España necesita urgentemente un Ministerio de Familia»

¿Y en España? En nuestro país el organismo que se encarga de velar por la institución familiar «es de cuarto nivel», asegura Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar (IPF). Se trata –como se puede observar en el cuadro adjunto– de una Subdirección General de Familia que depende de una Dirección General «compartida»: la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. Ésta, a su vez, depende de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad perteneciente al Ministerio de Sanidad.

En Europa se han dado cuenta, independientemente de la ideología de cada país, de la importancia de la familia: unos porque están de acuerdo con la familia como institución, otros porque perciben las funciones sociales que cumplen; y algunos, incluso, porque consideran, de forma "egoísta", que si la familia cumple funciones como la de sustento de todos sus miembros, Gobierno y administraciones ahorran un dinero a las arcas del Estado.

Para el presidente del IPF, la voluntad política de un país para apoyar una determinada causa, como es la defensa de la familia, se mide en tres aspectos. En primer lugar, por el organismo que se crea para ello, que será mayor cuanta más importancia se le conceda al tema. En segundo lugar, en las dotaciones presupuestarias que se le asignen; y, por último, en los planes, medidas, leyes..., que se desarrollen.

Atendiéndonos a esta valoración, la mayoría de los países de la UE tienen un Ministerio de la Familia o secretarías de Estado. En España no. En Europa, las dotaciones presupuestaria suponen de media el 2,2% del PIB, mientras que en nuestro país es el 1,4. «Los países de la UE tienen planes, medidas..., en España ni una ley, ni un plan de conciliación, ni siquiera un Plan Integral de la Familia, del que bien es cierto que se habla mucho, pero no se aprueba», apunta Hertfelder.

Los datos del informe «Evolución de la familia en Europa 2014» , que en su día adelantó ABC, antes de que el IPF los presentará el pasado mes de noviembre ante el Parlamento Europeo, y que ayer se dieron a conocer a los medios de comunicación en Madrid, demuestran que España destaca por contar con los indicadores más negativos de la UE: las madres españolas son las que tienen su primer hijo con más edad (a los 31,6 años); el índice de fecundidad se encuentra entre los más bajos del continente (1,3 hijos por mujer); la población mayor es de las más elevadas (8,2 millones de personas); concede menos ayudas a las familias (1,4% del PIB, la media europea es de 2,2)...

«Ante cifras tan alarmantes, con un nulo estímulo a la natalidad y con una población que está cada vez más envejecida , nuestros gobernantes no pueden seguir llevando a cabo «la política del avestruz», de esconder la cabeza –explica Eduardo Hertfelder–. En España no hay voluntad política por parte de las administraciones de ayudar a la familia. Es necesario y urgente crear un Ministerio de la Familia. El problema es que los políticos hablan mucho, pero no actúan porque consideran que hacerlo es un gasto y no una inversión. Al menos, debería existir una Sectretaría de Estado; pero eso sí, capaz de contar con una dotación presupuestaria adecuada para sacar adelante planes, medidas y leyes eficaces».

Desde el IPF se critica, por último, el cúmulo de promesas electorales incumplidas por el Gobierno actual: creación de un Plan Integral de la Familia (aún en fase de borrador); una Ley de Protección a la Maternidad; un Plan Integral de Apoyo a la Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar; Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil;elevar los mínimos exentos del IVA (en fase de borrador); impulsar redes de apoyo a la maternidad; mayor reconocimiento de la aportación de la natalidad de las mujeres en las pensiones; planes específicos de reinserción laboral reforzada por la atención a la familia; cambiar la regulación del aborto para proteger el derecho a la vida; actualización y agilización de los procedimientos de acogida y adopción (en fase de borrador); ampliar el permiso de paternidad; flexibilizar el uso del tiempo de los trabajadores para asuntos propios y, por último, la ayuda a los hogares con hijos discapacitados.