Por qué los libros de texto no duran más de cuatro años

Se calcula que dicha renovación implica un gasto medio anual de 300 euros por hijo (y que aumenta exponencialmente según la descendencia), una cantidad que no todas las familias españolas se encuentran en disposición de afrontar . Pero, ¿resulta absolutamente necesario cambiar de libro cada curso escolar? ¿Es obligatorio? ¿Qué dicen los sectores implicados al respecto? ¿Cuáles son las soluciones que se plantean?

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) deja la pelota en el tejado de los centros educativos al afirmar, en su disposición adicional cuarta, que «en el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas». En el punto número dos de la citada Ley se añade que «la edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa». Así pues, existe libertad total para los centros —siempre y cuando sigan el currículo— pero, casualmente este año, con la entrada en vigor de la Lomce, los cursos impares de Primaria (1º, 3º y 5º) y primero de Formación Profesional están obligados a estrenar libros.

Lo que el Consejo Escolar entiende es que, quitando estas excepciones, y «salvo que existan razones pedagógicas fundadas, valoradas por los centros educativos, que así lo desaconsejen por el bien del alumnado», muchos libros de texto que se utilizan en la actualidad pueden seguir siendo útiles, y «es una obligación moral mantenerlos vigentes el máximo tiempo posible, máxime en el contexto socioeconómico actual».

De momento, y a falta de que el Ministerio de Educación se pronuncie, la vigencia marcada para los libros de texto por el Real Decreto 1744/1998 es de cuatro años, un plazo «razonable y que los editores comparten», según Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España. Para Ávila, lo que ha ocurrido en los últimos diez años es que «ha habido cambios de leyes y, por tanto, también de currículos, pero eso es un problema de los políticos, no de los editores, quienes, además, tienen que invertir en una reforma sin haber amortizado la anterior». De hecho, añade, «en muchas comunidades autónomas están prorrogando los currículos, algunas hasta ocho años, con lo que no están contemplado muchas novedades (por ejemplo: nueva Gramática de la Lengua)».

Lo que el Consejo recomienda, en tanto en cuanto no se ponga en práctica su propuesta, es «un sistema de ayudas dotado de la suficiente financiación que contribuya a asegurar la adquisición de libros de texto y otros materiales curriculares y didácticos para todo el alumnado que lo necesite, en igualdad de derechos con independencia del territorio en el que resida o curse estudios, y teniendo en cuenta para ello los umbrales de renta establecidos para las becas y ayudas al estudio de carácter general».

También sugiere emitir una nueva normativa que favorezca y facilite la creación y gestión de los bancos de libros en los centros educativos para conseguir que todo el alumnado pueda disponer de los mismos bajo la fórmula de préstamo o intercambio y reutilización. «La idea es que este sistema, que hasta ahora estaba gestionado por las propias asociaciones de padres o por el colegio, esté más regulado», explica Carrascal.

Lo corrobora Luis Carbonel, presidente de la confederación católica de padres Concapa, para quien, dado que esta aprobación de la Lomce conlleva la necesidad de editar libros de texto adaptados a las nuevas materias y objetivos establecidos, entre las soluciones posibles deberían estar « los bancos de libros y la entrega de los ejemplares ya utilizados por parte de los alumnos que han acabado el curso , además de la gratuidad para las familias sin recursos. Afortunadamente, existe una mayor concienciación social y también más solidaridad de las Apas y las familias».