La Clínica La Luz se desentiende de Moreno y su equipo ante el juez

En un escrito presentado el pasado día 8 marzo ante el juez Fermín Echarri, la Clínica La Luz solicita el sobreseimiento de la causa respecto a la Clínica y los médicos de la UCI aún imputados «toda vez que el equipo de cirugía y anestesia no son empleados de la Clínica La Luz, sino profesionales independientes contratados por el paciente, conforme se desprende de sus propias declaraciones, así como del impreso TC presentado ante la Seguridad Social relativo al mes de diciembre de 2010, acreditativo de que no constan como empleados ni los cirujanos ni el anestesista, no alcanzando a la Clínica las responsabilidades».

Los representantes de la Clínica se basan para esta petición en la «multitud de diligencias que han culminado con la presentación por la acusación particular del informe pericial emitido por los doctores Carda, Lavalle y Benatar, en cuya conclusión tercera se establece la total adecuación a la lex artis ad hoc de la actuación de la UCI en las medidas de vigilancia, monitorización y tratamientos postoperatorios prestados a Enrique Morente, siendo la actuación de todos los profesionales adscritos a dicha Unidad acorde con los protocolos de cuidados Intensivos al uso».

El juez Fermín Echarri dictó una providencia el pasado día 14 en la que señala que «no ha lugar por el momento a decretar el sobreseimiento respecto de dicho centro médico», dado que el informe pericial en que se basa ha de ser ratificado en el Juzgado por los doctores Carda, Lavalle y Benatar el próximo día 30 de marzo.

Además, establece que la Clínica «debe tener en cuenta que la acusación particular interesó la citación como imputado de Enrique Pérez Castro, director de La Luz en la fecha de autos, petición que se encuentra pendiente de resolución», por lo que hasta que no decida si le cita como imputado no tiene intención de dictar el citado sobreseimiento.

Por otra parte, la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (AVINESA) ha solicitado al juez Echarri personarse en la causa como acusación popular, petición sobre la que aún no ha resuelto el juez, que antes de decidir ha exigido a la Asociación que preste fianza de 500 euros, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.