Susana García Cereceda tenía en su despacho un informe de un seguimiento a una juez de Pozuelo

García Cereceda, Peñalver y el empleado de ambos, el expolicía David Fernández, fueron detenidos e imputados por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil en mayo. El pasado 30 de julio el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó el sobreseimiento de las actuaciones contra los tres investigados, una decisión que ha recurrido Anticorrupción y que considera «nula de pleno derecho» porque implica «el cierre en falso de la instrucción» y no tiene en cuenta «el sólido cuadro indiciario de la participación de los tres investigados a los que afecta».

En su recurso de apelación, al que ha tenido acceso ABC, los fiscales hacen referencia a algunos de los documentos intervenidos en los registros de mayo. Así en el despacho de García Cereceda la Policía halló cuatro documentos relacionados con Land, uno de ellos titulado «Avance verbal 16.10.13» sobre los matrimonios y antecedentes penales de Jaime Ostos en Estados Unidos, e información policial sobre él. Los otros tres son ampliaciones. Además, encontraron en ese mismo despacho y en el de su socio otros dos informes, uno sobre el perfil mercantil de sociedades Cabde y otro sobre un seguimiento efectudado a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Pozuelo, donde se dirimían distintas cuestiones entre las hermanas.

En el recurso aparecen recogidas reuniones sorprendentes entre la heredera del todopoderoso Luis García Cereceda con el comisario jubilado en 2013 y otras de su empleado con Rafael Redondo, el socio de Villarejo. Todas las citas, como era habitual en Villarejo, fueron grabadas. En ellas, los interlocutores evidencian que el encargo, el «Proyecto Land» era privado y ellos conscientes de su dudoso encaje legal.

En una de estas reuniones David Fernández, el expolicía que trabaja para García Cereceda y su socio le dice a Villarejo: «Este asunto solo lo sabemos los tres (en referencia al matrimonio y a él mismo) porque hay unos pequeños problemas en esto porque al consejero delegado no saben cómo justificarle para que la gente no (...) cómo se justifica este dinero... ciento y pico mil, sesenta mil (...)». Esa reunión tuvo lugar el 26 de noviembre de 2013 en un restaurante.

Dos meses antes, el 18 de septiembre, en otra mantenida también por Fernández con Rafael Redondo, el socio de Villarejo, el primero le dice que tiene que hablar con Peñalver para que este a su vez hable con contabilidad «para despistarles para que no sepan (...)». El juez De Egea basa su auto de sobreseimiento en siete afirmaciones que los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano desacreditan. «El encargo del servicio fue verbal». Explican los documentos aparecidos relacionados con el «Proyecto Land», con varias versiones y donde se determina la forma de pago y los honorarios pactados. «Los clientes no conocían las técnicas de investigación». Esgrimen que el comisario y sus colaboradores les contaron incluso los medios de los que disponían para vigilar, interceptar comunicaciones y grabar. Señalan seguimientos personales documentados «para conocer vínculos de carácter estrictamente personal e íntimo» que les permitieran utilizarlos contra ellos en la controversia por la herencia. De nuevo, aportan grabaciones en las que Villarejo detalla a Susana actividades de su madrastra en Mallorca y otras sobre el arquitecto Joaquín Torres. «Todos tienen señoras jóvenes y a todas el Joaquín les da cobertura cuando quedan alguien (...) ese es el poder que este chico tiene», afirma el comisario. «En el momento en que empecemos a utilizar esa información... le va a doler la cabeza». Ellos mismos les proporcionaron los números de teléfono que debían analizar. «Hombre, si tiene un novio está bien saberlo», dice Susana Cereceda en relación a una de las vigilancias que le narraba Villarejo.

El proyecto Land se ejecutó en varias fases (Land1, 2 y 3), según el objetivo, aunque de forma paralela en el tiempo. Land1, dirigido a obtener información de Yolanda y Ostos; Land2, centrado en Joaquín Torres y el tercero, en la viuda de Luis Cereceda. Las facturas (seis) por el citado valor total se justificaron con conceptos como «A cuenta de los trabajos realizados en relación con la subasta de 16 parcelas (...) o solvencia de las compañías X.

Para la Fiscalía el «precipitado archivo» podría vulnerar los derechos de las cuatro presuntas víctimas de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, personadas: Yolanda, Ostos, Torres y Gómez-Cuétara. Todos manifestaron en sus declaraciones ante el juez que «se sintieron vigilados en mayor o menor medida».

(Por error, en la edición de papel aparecía Francisco Lorenzo Peñalver como marido de Susana García-Cereceda cuando es su socio)