La Diputación de la Grandeza de España actúa contra el falso príncipe de Marbella
El uso de títulos falsos constituye «un fraude de ley inadmisible» y, si un notario lo ha reconocido, ha invadido competencias que la Constitución reserva exclusivamente al Rey
En España no se juega con los títulos nobiliarios. Constituyen un honor que han otorgado los Reyes a lo largo de la historia, y su concesión, sucesión o rehabilitación están perfectamente reguladas en la legislación. De hecho, el uso de un título falso, como el de príncipe de Marbella que utiliza Antonio Pleguezuelos -y al que ayer se refería ABC-, «constituye un fraude de ley inadmisible», según afirmó en un comunicado la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino.
Esta institución que representa a la nobleza titulada desde hace 200 años tiene entre otras funciones la de «denunciar la existencia de títulos falsos, inventados o rehabilitados de forma irregular», una práctica que supone falsedad documental y que puede constituir un delito penal. Ayer, al conocer por ABC la existencia del falso príncipe de Marbella, la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino hizo pública una nota en la que afirma que «el uso del supuesto título constituye un fraude de ley inadmisible» y desmonta los argumentos del denominado príncipe.
Antonio Pleguezuelos muestra dos documentos en su página de Facebook para justificar el uso del título de príncipe de Marbella. Uno de ellos es un edicto firmado por el notario Juan Luis Gómez Olivares y publicado en el BOE del 30 de diciembre de 2016 que señala lo siguiente: «Hago saber que don Antonio Pleguezuelos Velasco ostenta el título principesco de Príncipe de Marbella como una dignidad principesca del Reino de España, con carácter vitalicio, y ha cumplido con la obligación fiscal referente a este título principesco». Además, el notario daba un plazo de 30 días para que los interesados presentaran alegaciones.
Sin embargo, este no es el procedimiento legal para usar un título, tal como explica la Diputación de la Grandeza: «Aunque se alega que dicho título ha sido reconocido por un notario de Marbella, hay que decir que los notarios no tienen atribuida competencia alguna en materia de títulos nobiliarios, habiendo aquel invadido competencias reservadas constitucionalmente a Su Majestad el Rey ». De hecho, la Constitución establece que corresponde al Rey «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes».
La Diputación de la Grandeza también considera «sorprendente» que «se haya publicado la mencionada ilegalidad en el BOE» y «se haya admitido en la oficina tributaria el pago de los derechos fiscales de un título ilegal».
El decano de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino, Enrique Fernández-Miranda , ya ha comunicado oficialmente al presidente del Consejo General del Notariado de España «las ilegalidades mencionadas, así como el hecho de que el notario ha invadido, además, competencias legales exclusivas del Ministerio de Justicia, de la Diputación de la Grandeza de España y del Consejo de Estado».
Procedimiento fraudulento
Según esta institución, «el procedimiento seguido por el notario ha de calificarse de fraudulento, al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para el otorgamiento o reconocimiento de títulos nobiliarios». Por tanto, Antonio Pleguezuelo Velasco «no ostenta el título de príncipe de Marbella , sin que el pago de los derechos fiscales, que dice haber cumplimentado, subsane el defecto fundamental de la ilegalidad de todo lo actuado».
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