Especiales
por GUILLERMO D. OLMO
La voz de este insigne jurista asturiano, nacido en Ribadesella, fue la más vigorosa en las deliberaciones de los constituyentes. Por encima de los bombazos de los franceses y de los gritos combativos de la población gaditana, el eco de las palabras de Argüelles resuena en la actualidad en su noble afán por moldear con mimbres humanitarios ese sujeto que se asomaba a la posteridad, la nación española. Las convicciones de Argüelles quedaron claras en sus piadosos alegatos contra dos de las herencias de la España imperial, la esclavitud y la tortura. Existía entonces todavía la figura del tormento, a la que los jueces podían recurrir para arrancar confesión de los sospechosos. Argüelles dejó claro que una práctica así no podía subsistir porque «repugna a los sentimientos de de humanidad y dulzura que son tan propios de una nación grande», como él entendía que debía ser la española. El artículo 303 de la Constitución recogería la abolición del tormento. Tuvo menos éxito en su lucha contra la esclavitud, «infame tráfico, opuesto a la pureza y liberalidad de la nación española». No consiguió que la Constitución recogiera sus demandas, pero en las conciencias de sus compañeros de cortes dejó clavadas sus palabras: «Comerciar con la sangre de nuestros hermanos es horrendo, es atroz, es inhumano», denunció. Aunque descartó la manumisión de los esclavos propiedad de las élites coloniales en América. Lo avanzado de su discurso tuvo como límite evitar la colisión frontal con las clases propietarias. Abocado al exilio con la restauración del absolutismo tras el regreso de Fernando VII, volvió a España para participar en la redacción de la Constitución de 1837. Murió en 1844. Sin duda, merece ser reconocido como uno de los padres del liberalismo español.
Pérez de Castro contribuyó decisivamente a dos de los pilares de la Constitución de 1812: el principio de la soberanía nacional y el reconocimiento del derecho a la libertad de imprenta. Este vallisoletano fue uno de los diputados que discutieron el proyecto constitucional, debate en el que se mostró entusiasta partidario de las tesis de Argüelles sobre la libertad de imprenta. Pérez de Castro se movió toda su vida en los aledaños del poder, llegando incluso a la Presidencia del Gobierno, cargó que ocupó año y medio 1838 y 1840. Como tantos españoles del turbulento XIX, se vio obligado a exiliarse cuando triunfaron opciones políticas que no eran las suyas, en concreto cuando Baldomero Espartero fue proclamado regente. Regresó en 1843. Murió en Madrid en 1848.
El sacerdote Diego Muñoz-Torrero fue otra «alma mater» de la Carta Magna de 1812, cuya comisión ponente presidió. Fue este extremeño, liberal convencido y artífice del fin de la Inquisición española, quien pronunció el discurso con el que se iniciaron las sesiones de las cortes reunidas en la Isla del León. Catedrático de Filosofía, antes de llegar a la decisiva cita de Cádiz, el padre Muñoz-Torrero había sido rector de la Universidad de Salamanca. En aquella histórica sesión parlamentaria trazó las que para él debían ser ideas fundamentales de la Constitución en ciernes, algunas de ellas verdaderamente revolucionarias para un clérigo de la época. Defendió que la soberanía nacional residía en el pueblo español y no en ningún monarca, abogó encendidamente por la libertad de prensa y se mostró partidario de la supresión del Santo Oficio, que se había convertido en un tribunal politizado al que cada facción política intentaba instrumentalizar como ariete contra sus oponentes. También propugnó la abolición del régimen de señoríos. Sus indomables convicciones le depararon muchos padecimientos. Tras el nuevo viraje hacia el absolutismo, a partir de la nueva intervención francesa con la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823, huyó a Portugal, donde fue apresado. Pasó los últimos años de su vida encerrado, no era la primera vez, y torturado en la torre de San Julián de la Barra, donde murió en 1829. Su triste final y su accidentada biografía llevaron a autores como Rubio Llorente a definirle como un «liberal trágico».
José de Espiga y Gadea, jurista y experto en asuntos religiosos, fue, pese a sus orígenes palentinos, uno de los diputados por el Principado de Cataluña en las Cortes de Cádiz. Espiga fue uno de los más firmes apoyos de las vanguardistas propuestas de Argüelles. Uno de los doce hombres de la Comisión que redactó el borrador constitucional, sin su respaldo las tesis de Argüelles habrían tenido mucho más complicado imponerse frente a la oposición de los más adictos al absolutismo y los más refractarios al progreso de las ideas del liberalismo. Hombre resolutivo, a Espiga le exasperaban los debates cuando se eternizaban encallados en lo que para él eran minucias doctrinales. Por eso alertó a sus compañeros constituyentes de que «si continuamos en discutir la Constitución tan prolija y ridículamente, no acabaremos en muchos meses lo que tanta inquietud espera la nación». Al final, los trabajos concluyeron con éxito y el impaciente Espiga vio su nombre grabado en los anales de la historia. Tras contribuir a alumbrar «La Pepa», Espiga fue evolucionando hacia posiciones más conservadoras y, sobre todo, más en línea con lo propugnado por el Papa. Falleció en 1824 en Tierra de Campos, Palencia.
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