Zapatero generaliza el despido más barato en su segundo «decretazo»

El texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria en miércoles, también para llevar los deberes hechos ante la reunión que el Consejo Europeo celebra hoy en Bruselas, lleva a todos los extremos los planteamiento para el abaratamiento del despido anunciados por el Ejecutivo la semana pasada —lo que más molesta a los sindicatos— y deja sin desarrollar puntos que para los empresarios y la oposición eran fundamentales como es el caso de la negociación colectiva, la formación profesional o el llamado «modelo austriaco» para que cada trabajador pueda cambiar de empresa con un fondo específico de despido.

El resultado del decreto no puede quedar más lejos del rimbombante anuncio que hizo Rodríguez Zapatero de que la reforma emprendida iba a hacer historia y no era sólo un parche «para seis u ocho años».

De nuevo con aspecto de absoluta improvisación y a la espera del Boletín Oficial del Estado y sus oportunas erratas, el nuevo golpe del Gobierno de Zapatero contra su propia doctrina y práctica de política y «gasto social» después de congelar pensiones y recortar el sueldo a los funcionarios, se sustancia en unas fórmulas para un despido más barato, incluso de 20 días «cuando se desprenda una situación económica negativa» para una empresa. En este punto ya no se fija un periodo concreto de pérdidas como se anunció la semana pasada.

Otro aspecto que, a juicio de los sindicatos, se «endurece» en este segundo «decretazo» es que en los contratos con despidos de 33 días también servirán ahora para los trabajadores de 31 a 44 años que perdieron un empleo indefinido, el grupo de edad que hasta el viernes se salvaba.

La entrada de las empresas de trabajo temporal (las ETT) en el mercado laboral también se amplía pese a las protestas de los sindicatos. Hace cinco días el Gobierno planeaba levantar el veto para sus actividades en el sector de la construcción mientras que el decreto lo permite también en el secto

r público. Supone una «liberalización» del mercado laboral, incluido el que toca al Estado, que ningún Gobierno anterior, de UCD, PSOE o PP, se había atrevido a promover nunca.

El contenido del decreto hace imposible que los partidos que se consideran de izquierda con representación en el Congreso de los Diputados, aparte del PSOE, puedan votar a favor de su convalidación la próxima semana. Además, los grupos más predispuestos a apoyarlo, como CiU y el PP, se quedaron descolocados al faltar en el texto medidas de reestructuración del mercado laboral que consideran fundamentales como la negociación colectiva.

Ajeno a las críticas generalizadas y a los problemas para conseguir una mayoría parlamentaria que avale el real decreto, el Gobierno se volcó en la grandilocuencia para defender su texto. «Es la reforma laboral más importante en los últimos veinte años» y «no tiene marcha atrás», dijo solemne la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Decreto «equilibrado»

La vicepresidenta sostuvo que, aunque el texto no cuente con aportaciones directas de UGT, CC.OO. y la CEOE, sí mantiene el «espíritu» de lo que expusieron en los más de quince meses de diálogo social fracasado y el resultado es un decreto «equilibrado». El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, compareció con De la Vega después del Consejo de Ministros, y explicó —poco y mal— que las empresas podrán acogerse al «despido objetivo» por pérdidas (con 20 días de indemnización por año trabajado) cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa». La firma, según añadió, tendrá que «acreditar» esos malos resultados, «y justificar que, de los mismos se deduzca mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva (de los contratos)».