Vox pide amparo al TC y que suspenda la Comisión de Justicia que debatirá este jueves la amnistía

El artículo 131.2 del Reglamento del Congreso establece que en la votación final de una ley orgánica, como es la de amnistía a los encausados por el 'procés', se requiere de la mayoría absoluta de la Cámara Baja para que la norma vea luz verde y sea enviada al Senado. «Si, por el contrario, aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes», añade el citado precepto. Armengol, en virtud del mismo, decidió que la ley de amnistía, cuando fue rechazada el 30 de enero por el Pleno, regresase a la Comisión de Justicia.

No obstante, Vox cree que la presidenta del Congreso hizo una interpretación torticera del Reglamento. El jefe de la delegación europea del partido, Jorge Buxadé, ha explicado en rueda de prensa, en la sede nacional de la formación, en el número 12 de la madrileña calle de Bambú, que la proposición de ley debería haber decaído al no conseguir ni siquiera una mayoría simple en esa votación. Vox interpreta que esa cláusula del artículo 131 está prevista para los casos en los que, habiendo una mayoría a favor de la ley, no se alcanza la requerida mayoría absoluta. Al posicionarse Junts en contra de la votación de conjunto, el Pleno rechazó la ley con 179 noes y 171 síes.

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Buxadé ha calificado la interpretación del Reglamento que hizo Armengol de «arbitraria», «injusta» e «ilógica» y ha subrayado que «la mayoría absoluta» de la Cámara Baja se opuso a la ley de amnistía. «La única vía posible es la desaparición de esa ley», ha zanjado el eurodiputado derechista, en una comparecencia convocada 'ad hoc' para explicar la estrategia judicial del partido en su intento de detener el olvido legal del 'procés'.

En el recurso de amparo, los diputados de Vox solo aluden a la cuestión formal de si el artículo 131 del Reglamento permite, como hizo Armengol, devolver a comisión una ley orgánica que no solo no alcanza la mayoría absoluta exigida, sino que obtiene más votos en contra que a favor. La formación esquiva a propósito cualquier alusión a la posible inconstitucionalidad de la norma porque, según ha dicho Buxadé, no confían en un TC «politizado» y presidido por Cándido Conde-Pumpido.

El exvicepresidente de Vox, que no comparecía en Bambú desde hace ocho meses, ha añadido además que no hay motivos para justificar que no se pueda paralizar la sesión de este jueves, porque el propio PSOE promovió una prórroga de quince días para seguir negociando con Junts en un intento de alcanzar un acuerdo. Eso sí, el artículo 131 prevé un plazo de un mes para la emisión de un nuevo dictamen, una vez que una ley regresa del Pleno a una comisión. El eurodiputado ha argumentado que si el Tribunal Constitucional terminase dándoles la razón sobre el fondo, pero no aplicase las medidas cautelares solicitadas, no podría corregirse el perjuicio ocasionado, mientras que si determinase que Armengol actuó bien, podría celebrarse después la sesión de la Comisión de Justicia con normalidad.

Por otro lado, como parte personada en la causa que investiga el presunto terrorismo de Tsunami Democràtic tras la sentencia del 'procés', en 2019, Vox ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) que pida que declaren como investigados el prófugo Carles Puigdemont, a quien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sitúa como cabecilla de la supuesta organización terrorista, y el recientemente fugado y diputado autonómico en el Parlamento catalán, Rubén Wagenberg. Para ello, en su condición de aforados, pide que se formulen los respectivos suplicatorios para el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Además, Buxadé ha anunciado que este mismo martes solicitarán al TS que emita una orden europea de detención contra Puigdemont por los delitos de terrorismo y pertenencia a organización terrorista, ninguno de los cuales, ha destacado, «permiten que el juzgado belga haga ese juicio de doble control de la incriminación». En su día, la Justicia belga rechazó enviar al expresidente autonómico a España porque en su Código Penal no figura el delito de sedición -ahora en el español tampoco, como consecuencia de otra cesión de Pedro Sánchez ante el independentismo-, pero hay una serie de delitos, entre ellos los de terrorismo, que no requieren esa comparativa entre los tipos del país emisor de la euroorden y del receptor. Esto supondría, ha dicho Buxadé, «la entrega inmediata».

El eurodiputado ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para pedirle que no se ponga «ningún obstáculo» a la posible entrega de Puigdemont. En el Congreso, a su vez, Vox registrará una proposición de ley para modificar la electoral y que sean inelegibles los fugados de la Justicia.