Vox impulsa una reforma para restringir la regularización de inmigrantes a través del arraigo
Acusa a Sánchez de querer «configurar» el censo a su antojo «regalando» la nacionalidad
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Iniciar sesiónEn su férrea oposición a la inmigración ilegal, Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley para una reforma que limite las circunstancias en las que las personas que han entrado de manera irregular a España puedan obtener la nacionalidad ... por motivos de arraigo, así como la expulsión de aquellos inmigrantes que hayan cometido delitos graves.
La inmigración ilegal es una de las principales batallas políticas de Vox en todos los ámbitos y denuncia el camino contrario que sigue el Gobierno. «Pretende flexibilizar hasta el extremo la figura del arraigo», ha censurado este martes en rueda de prensa en el Congreso su portavoz parlamentaria, Pepa Millán.
Además de «una tomadura de pelo y un desprecio infinito a España», los de Santiago Abascal ven un propósito oculto del Gobierno detrás de este movimiento y acusan a Pedro Sánchez de tratar de «configurar el censo» a su antojo mediante la inclusión de las personas que han llegado ilegalmente al país.
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Pero además, Vox alerta de los efectos que tiene el fenómeno migratorio en la seguridad, la prestación de servicios, el precio de la vivienda o el mercado laboral. «Es urgente un endurecimiento generalizado de la legislación vigente en inmigración», ha insistido Millán alertando de que «están en cuestión la identidad y supervivencia de España».
Por ello quiere endurecer las leyes para hacer más difícil la regularización de personas en situación irregular por arraigo. Junto a ello, reclama una ampliación del tiempo de permanencia en los centros de internamiento para inmigrantes y el endurecimiento de las condiciones en caso de la existencia de antecedentes penales.
Vox mantiene el discurso que relaciona la inmigración ilegal con la seguridad y alude a datos del INE de 2023 para sostener que «más del 59% de las agresiones sexuales fueron cometidas por extranjeros.
«Urge una modificación que posibilite la expulsión de nuestra nación de aquellos inmigrantes que hayan sido condenados con penas de prisión -continúa la formación-. Se pretende robustecer el fin disuasorio de la pena, al objeto de reprimir las conductas dolosas que se están reproduciendo de forma alarmante en nuestro país».
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