Voto discrepante en el Constitucional: el derecho a una vivienda digna es un deber del Gobierno, no de propietarios particulares

En su voto discrepante, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado se muestra contrario con la decisión de sus compañeros de inadmitir el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el decreto que suspendió los desahucios durante el estado de alarma para las personas especialmente vulnerables sin alternativa habitacional. Los recurrentes sostenían que esa norma, que no fue puntual «sino sostenida en el tiempo» a base de sucesivas prórrogas), vulneró el derecho de propiedad y a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y a la potestad de los jueces de hacer ejecutar lo juzgado.

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Recuerda Arnaldo la afectación a los derechos de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución supone un «límite infranqueable» de las normas de urgencia y, por tanto, el contenido del real decreto no se podía regular por esta vía. «Es evidente que los incisos de la norma de urgencia que se impugnan en este proceso constitucional no contienen una regulación general del derecho de propiedad», dice en referencia a la argumentación de la mayoría. Sin embargo, «en cuanto condicionan necesariamente el poder de disposición sobre determinadas viviendas de sus legítimos propietarios para satisfacer una finalidad de interés social como es la protección de personas consideradas en situación de vulnerabilidad, sí que alteran de manera intensa las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad respecto al concreto conjunto de propietarios a los que va dirigida la medida«, señala el voto discrepante.

Es claro, continúa Arnaldo, que estos propietarios sufren una «afectación significativa» en su derecho a la propiedad, en la medida en que, «por la decisión del legislador de urgencia, se ven privados temporalmente (y de forma ya extendida en el tiempo, hasta ya tres años) de la disponibilidad del bien y de su posible utilidad económica, pero a la vez siguen obligados a soportar» las cargas fiscales y gastos de comunidad que la titularidad del inmueble comporta.

Apunta el magistrado que tanto el real decreto impugnado como la sentencia de la mayoría, que «viene a darlo por válido, parece presuponer que el hecho de que el propietario no requiera de la vivienda para satisfacer sus propias necesidades es motivo suficiente para excluir la afectación a su derecho de propiedad y para justificar la ocupación de la vivienda por un tercero (usurpación)«.