Von der Leyen no entrará en la amnistía hasta que la reelijan

El calendario político europeo se entrecruza con la actualidad española y todo al borde de las vacaciones de verano. Pero eso no significa que esta asunto se haya dado por zanjado en Bruselas. Incluso no es descartable que el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, retome su papel de mediación en el asunto del CGPJ una vez concluya su excedencia el próximo día 25, en lugar de que lo haga la vicepresidenta Vera Jourova, que no ha ocultado su falta de interés por este tema.

Desde que el Ejecutivo europeo envió una carta al Gobierno español en noviembre pasado expresando su «preocupación» por el contenido de la ley de Amnistía, la versión oficial siempre ha sido que su opinión formal sobre esa disposición y su compatibilidad con el derecho europeo sería conocida cuando la norma fuera aprobada definitivamente. Un portavoz autorizado del departamento de Justicia ha indicado esta semana que «la Comisión continúa siguiendo muy de cerca la evolución de la situación y está en contacto con las autoridades españolas sobre esta cuestión. Tras su adopción el 29 de mayo, la Comisión está analizando la ley en términos de relevancia para el derecho de la UE y continuaremos siguiendo estos desarrollos también en el contexto de la preparación de nuestro Informe sobre el Estado de Derecho».

En conversaciones confidenciales, los representantes de la Comisión aseguran ser conscientes de la compleja situación en la que se están desarrollando los hechos, teniendo en cuenta que en el Consejo Europeo del próximo día 27 Pedro Sánchez tendrá que participar en la decisión de volver a nombrar a Von der Leyen como presidenta del Ejecutivo comunitario, lo que hace muy difícil que antes se produzca un pronunciamiento sobre la ley de Amnistía.

Eso no ha impedido que Montserrat enviara antes de ayer una carta directamente a la alemana –con la que comparte militancia en el Partido Popular Europeo (PPE)– para informarle de que la norma ya está en vigor a pesar de que «no tiene cabida ni en la legislación española ni en la Constitución, algo que el propio Gobierno de España defendía antes de necesitar los votos de los que redactaron esta amnistía y son hoy los beneficiarios de ella», por lo que el partido de Feijóo espera «que la Comisión Europea comprenda la gravedad de la situación y las implicaciones de este ataque a los principios del Estado de derecho, no sólo en España sino en toda la UE, y actúe en consecuencia para salvaguardarlos».

En todo caso, las tensiones que se viven en España coinciden también con los preparativos para la publicación del informe anual sobre el Estado de derecho por países que la Comisión redacta cada año y en el que no tendrá más remedio que opinar sobre el comportamiento del Gobierno de PSOE y Sumar en este campo. Cuando se les ha preguntado sobre el ultimátum de Sánchez a Feijóo con la amenaza de arrebatar al CGPJ la facultad de nombrar a los altos cargos de la Justicia española, los portavoces de la Comisión Europea repiten que «nuestra posición sobre el CGPJ es bien conocida» y que se resume en que hay que completar los nombramientos que faltan lo antes posible y simultáneamente cambiar las reglas de elección de los vocales para que pese sobre ellos la menor influencia posible por parte del Gobierno y los partidos.

La publicación del informe sobre el Estado de derecho en los distintos países de la UE y por primera vez también entre los candidatos a ingresar se espera para primeros del mes que viene, al comienzo de la presidencia húngara, cuyo Gobierno es objeto de críticas graves desde hace años.