Europa avaló la carta del comisario preguntando sobre la amnistía y estudiará expedientar a España

Los portavoces comunitarios justificaron ayer reiteradamente la intervención preventiva de Reynders a pesar de que dicha ley de amnistía aún no haya sido aprobada, una señal evidente de la enorme preocupación que los últimos acontecimientos políticos en España han suscitado en la capital comunitaria.

Sin embargo, en medios jurídicos se recuerda que la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra España no podría emprenderse hasta que no exista un elemento jurídico concreto que haya entrado a tramitarse en el Congreso.

En la Comisión Europea consideran que «en principio» el Gobierno debería enviarles el texto de la proposición de ley como respuesta formal al requerimiento de Reynders y es entonces cuando los funcionarios empezarían a analizar los aspectos concretos del texto y determinarán si consideran que dañan los intereses y los valores europeos.

La carta del comisario de Justicia se envió precisamente con tanta premura el miércoles por la noche, ante los rumores de que el anuncio del acuerdo era inminente, porque esperaban que la advertencia tuviera un efecto preventivo, como ha sucedido en anteriores ocasiones, y lograr que Pedro Sánchez hubiera optado por la moderación.

Una vez que se ha constatado que el líder socialista ha preferido el camino opuesto, es decir, acelerar el acuerdo con el prófugo Carles Puigdemont, en Bruselas han tenido que reconocer que «jurídicamente no podemos actuar hasta que no haya un texto que al menos haya entrado en el Parlamento».

En este sentido, el factor de que el trámite pueda ser retrasado en el Senado daría a las instituciones europeas un mayor margen de tiempo para poder oponerse a una legislación «si verdaderamente va demasiado lejos en el daño a la independencia de los jueces, como ya sucedió en el caso de Polonia», cuando la Comisión remitió el asunto al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Hasta ahora, Von der Leyen había mantenido una actitud condescendiente con Sánchez porque esta necesita permanentemente el apoyo de los socialistas europeos y el presidente del Gobierno español le ha devuelto el favor apoyando el grueso de sus iniciativas. La carta del miércoles por la noche podría anunciar un cambio en este sentido, a pesar de que los portavoces de la Comisión indicaron ayer que la institución «sigue trabajando en buen clima con la presidencia española».

Ahora en la Comisión se espera una avalancha de cartas y comunicados de colectivos jurídicos en contra del acuerdo entre PSOE y Junts, lo que va a ser un factor muy importante, como lo ha sido en la redacción de la de Reynders, para movilizar a la institución.

Lo que probablemente no podrá evitar el ejecutivo comunitario es que el clima de división que se ha extendido en la clase política española se contagie al ámbito europeo.

En el pleno de noviembre en Estrasburgo que comienza el día 20, le corresponde precisamente al Partido Popular Europeo la posibilidad de introducir el debate sobre un tema que no estaba en el orden del día y, como era de esperar, en esta ocasión será la situación del Estado de derecho en España y no se someterá a votación a no ser que para entonces exista ya un texto concreto. Se supone que los socialistas tratarán de recabar apoyos entre sus correligionarios de otros países para tratar de neutralizar las críticas.

Aunque el PPE es el grupo más importante de la cámara, en principio solo puede contar con los conservadores y los liberales, dado que la mezcla con el asunto catalán puede llevar a muchos de los verdes y, por supuesto, la extrema izquierda, a apoyar las posiciones socialistas.