Vivienda oficial de lujo gratis, en Madrid: el privilegio de los altos cargos del Estado
Sánchez, varios de sus ministros o Armengol, cuentan con casa gratis en la capital
El Gobierno gasta un millón de euros en habilitar unas oficinas en pisos de Puente y Redondo
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Iniciar sesiónEncontrar casa en el centro de Madrid es una auténtica odisea para todo aquel que, como los ministros, tienen que mudarse a la capital de un día para otro para hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades profesionales. Con precios desorbitados debido a la escasez ... de inmuebles, en muchos casos los arrendatarios incluso van con dinero en efectivo en la mano para asegurarse la propiedad en el momento de la visita.
Pero la realidad es bien distinta para los altos cargos del Gobierno que, como los ministros, con sueldos de 79.415,16 euros anuales brutos, podrían optar sin problema al alquiler de una vivienda en el centro de la capital. Pues el Estado dispone de varios espacios residenciales que combinan privilegio, lujo, seguridad y simbolismo, en las mejores zonas de Madrid.
El principal de ellos es, por supuesto, el presidente del Gobierno, que vive en Palacio de la Moncloa. Se trata de un complejo histórico, ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca, con 20 hectáreas de jardines y edificios interconectados. Desde su reforma más reciente, la vivienda particular del presidente cuenta con ocho dormitorios, nueve baños, tres vestidores y hasta zonas comunes de ocio que incluyen piscina, pista de tenis, pádel e incluso un helipuerto.
Dos de las tres vicepresidentas, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, también aprovechan el privilegio de vivir en la misma sede de su ministerio. En el caso de la titular de Hacienda cuenta con una zona privada mientras que la responsable de Trabajo y Economía Social vive en una lujosa vivienda de 443 metros cuadrados en pleno barrio de Chamberí. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, sigue residiendo en su vivienda familiar en la lujosa urbanización de La Moraleja (Alcobendas). También optó por mantenerse en su piso familiar el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Otra de las viviendas más grandes de las que el Estado pone a disposición de los ministros la ocupa la titular de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que cuenta con 320 metros cuadrados a su disposición. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y responsable de las políticas para facilitar el acceso a la vivienda a todos los españoles en un momento de enormes dificultades, tiene un piso de ocho habitaciones y 229,81 metros cuadrados en el centro de la capital. Cabe recordar que Rodríguez cuenta con siete inmuebles a su nombre en todo el Estado, tres de los cuáles viviendas.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, también vive en una zona privada de la sede de su ministerio, en pleno Paseo de la Castellana, algo que también ocurre en el caso de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y José Manuel Albares, ministro de Exteriores. Carlos Cuerpo, ministro de Economía y Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social, ocupan viviendas propiedad del Estado, asi como la secretaria de Estado de Interior, que en este caso tiene una vivienda a su disposición en un edificio del Cuerpo Nacional de la Policía.
El resto de ministerios no aclaran si sus titulares utilizan alguna de las residencias oficiales disponibles, muchas de ellas en edificios del Estado, que van desde el propio complejo de La Moncloa, donde además de Sánchez han vivido otros ministros como Salvador Illa o Miquel Iceta o un edificio de la Seguridad Social en plena Plaza España, inmueble en el que en su día vivió la exministra de Sanidad y hoy alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias.
Francina Armengol, presidenta del Congreso, vive en un lujoso chalet completamente blindado muy próximo a la sede del parlamento, en una calle que desemboca en el Parque del Retiro, pese a que su salario es de 214.444,86 euros al año en 14 pagas.
En todos los casos, además del precio de la vivienda, también los gastos como luz, agua, gas y las reformas, como en el caso de Puente y Redondo, van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
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