El veto a Israel pone en riesgo capacidades «clave» del Ejército

El último ejemplo salió a la luz ayer al conocerse que el Departamento dirigido por Margarita Robles ha iniciado el proceso de revocación de la compra de misiles contracarro Spike LR2. Se trata de una transacción que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros solo días antes de los atentados de Hamás para la compra de 168 sistemas de misiles por más de 285 millones de euros, fabricados por un consorcio de empresas liderado por Pap Tecnos, la filial española de la israelí Rafael, fabricante original.

Ahora el ministerio deberá buscar una alternativa para un programa que en el Ejército de Tierra califican como «clave». En el momento de la autorización, el Gobierno ya reconocía la necesidad de adquirir los Spike debido a la «obsolescencia» de los misiles contracarro operativos actualmente en las Fuerzas Armadas, los Tow americanos.

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Se trata de una capacidad militar que expertos del sector avisan que es «imprescindible» si España quiere mantener su potencia en defensa y capacidad de disuasión. La revocación del contrato de los Spike, adelantada por la Cadena Ser, tendrá que ser suplida con otro modelo de misiles –fuentes militares apuntan a los Javelin fabricados en Estados Unidos–, pero obligatoriamente se retrasarán los plazos de entrega y posiblemente también aumentará el coste.

La medida se enmarca en un plan de «desconexión» de la tecnología israelí puesto en marcha por Defensa. La secretaria de Estado, Amparo Valcarce, ya anunció la pasada semana reajustes en los programas que están en marcha, y también en los futuros, para poder prescindir militarmente del país gobernado por Benjamin Netanyahu. Entre las capacidades afectadas se encuentran otras también consideradas imprescindibles para las Fuerzas Armadas, como el lanzacohetes Silam, para el que se busca una alternativa que permita su fabricación íntegramente nacional, sin tecnología israelí.

El plan de defensa anunciado por Pedro Sánchez para que el gasto militar alcance este año el 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) incluye además un programa para la compra de radios tácticas para el Ejército de Tierra por 350 millones de euros. La previsión era la compra de un modelo cuyos componentes los fabrica Elbit, que es una empresa israelí, y que después son montados por la española Aicox, para que después Telefónica las adquiera para su venta final. Ese programa sin embargo está paralizado desde hace más de un año, según denunció recientemente Aicox, debido precisamente a la participación de Israel. Fuentes de la compañía detallaron que el Gobierno les pidió celeridad y ellos respondieron al reto, pero ahora está parado en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) desde mediados de 2024.

Otro gran contrato en marcha, para el que Defensa aún no ha anunciado ninguna medida al respecto, es el relativo a la compra de sistemas láser –conocidos como pods– para ser instalados en los cazas Eurofighter. Se trata de un contrato que fue adjudicado en marzo del pasado año por 207 millones de euros a la empresa israelí Rafael.

La dificultad de esta «desconexión» fue advertida por la ministra de Defensa la pasada semana solo unas horas después de que el Congreso aprobara, con el apoyo del Grupo Socialista, una iniciativa para impulsar un embargo total en defensa a Israel, promovida por sus socios. Pese a apoyar políticamente la iniciativa, Robles avisó de la dificultad de su aplicación real en todas las capacidades operativas en las Fuerzas Armadas.

Un ejemplo es el del Ejército del Aire y del Espacio, que usa muchos materiales que tienen implantada tecnología israelí que necesita ser reparada y repuesta en el país para poder seguir en servicio, según reconoció también Robles en sede parlamentaria.