Unidas Podemos sigue la estela de ERC y Bildu en sus enmiendas a la reforma del 'solo sí es sí'

Desde su entrada en vigor en octubre, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del 'solo sí es sí', ha tenido efectos indeseados que han provocado la rebaja de penas de casi ochocientos agresores sexuales y la excarcelación de más de setenta. El goteo de casos llevó al PSOE a mover ficha en febrero, cuatro meses después, y a registrar en solitario una proposición de ley para impedir que continúen las revisiones de condenas.

No obstante, los socialistas proponen la creación de un subtipo penal agravado en casos de violencia e intimidación, lo que a juicio de Unidas Podemos supone un retroceso con una vuelta al Código Penal anterior, en el que se distinguía entre abuso y agresión sexual en función de si mediaba o no violencia. Podemos exige poner en el centro el consentimiento y no volver a «un calvario probatorio» para las mujeres ni a lo que definen como «el Código Penal de La Manada».

Hasta febrero, mientras una propuesta del PP de diciembre cogía polvo en un cajón, el PSOE y Unidas Podemos negociaron sin éxito para intentar encabezar una reforma conjunta. El Ministerio de Igualdad envió varias opciones en privado a los socialistas que, según dijo este domingo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, estaban en «una gran sintonía» con los cambios que plantearon el jueves ERC y Bildu.

Estos dos partidos proponen una definición más clara del consentimiento para dejar claro que la ausencia de resistencia física, el silencio y la actitud sexual previa de la víctima no implican una aceptación de la relación sexual. También, como el PSOE, plantean un endurecimiento de las penas, pero lo hacen por una vía diferente, situando la «violencia extrema» y la «intimidación» como circunstancias agravantes y no como un subtipo penal diferente.

Las nueve enmiendas propuestas por Unidas Podemos, a las que ha tenido acceso ABC, «van en la línea de ERC y Bildu», tal y como había avanzado por la mañana, en declaraciones a TVE, la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Compartimos que hay que dar una respuesta, pero tenemos claro también que el consentimiento tiene que estar en el centro del Código Penal», ha aseverado. La también diputada ha explicado que los cambios que pide su partido buscan «reforzar la violencia en las circunstancias agravantes».

Montero, de paso, ha aprovechado para lanzar un mensaje a su socio en el Consejo de Ministros: «Que toda la mayoría de investidura vaya en la misma línea debería hacer reflexionar al PSOE (...). El PSOE planteó esa reforma de manera unilateral y es como la del PP (...). Esperemos que se lo piense». Momentos después de registrar las enmiendas en el Congreso -este lunes era el último día para hacerlo-, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha afirmado que si bien es necesario «mejorar la aplicación de la ley», también lo es «no retroceder ni degradar el sistema del consentimiento».

«No hace falta ese retroceso que pretende el PP para mejorar la aplicación de la ley en los tribunales», ha incidido Rosell, en un mensaje que recuerda a la reacción inicial de Podemos después de conocerse las primeras rebajas de condenas a violadores, tras las que lejos de hacer autocrítica por posibles errores en la ley, el partido acusó a los jueces de aplicar mal la norma aprobada en el Parlamento.

En su propuesta, el Grupo Confederal de Unidas Podemos justifica que se emplee la vía de las circunstancias agravantes, y no la creación de un subtipo penal diferenciado, para respetar el espíritu de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Una agresión sexual sin penetración vaginal ni anal conllevaría una pena de uno a cuatro años de cárcel, pero de dos a ocho con agravantes, entre los que se incluirían la «violencia o intimidación». Si hay acceso a la vagina o al ano de la víctima, las penas oscilarían de los cuatro a los doce años sin agravantes, y de los siete a los quince años con ellos.