La UE impondrá criterios que impiden que el cambio climático se considere gasto en defensa

La Comisión prevé que prácticamente todos los países se van a acoger al mecanismo de la cláusula de escape del pacto de estabilidad porque eso les permitirá un margen de maniobra presupuestario extraordinario fuera dela amenaza de un procedimiento de infracción por déficit excesivo. Pero al mismo tiempo, el ejecutivo que preside Ursula von der Leyen se propone hacer todo lo que esté en su mano para hacer que los distintos gobiernos utilicen este recurso con el objetivo claro que está en el origen de la iniciativa y que es precisamente rearmar a Europa, es decir, hacer que los distintos países se armen e inviertan en el desarrollo una industria militar europea en coordinación con todos los países.

La clasificación Cofog fue elaborada en 1999 por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y lo utiliza la ONU, así como Eurostat, el organismo de la UE dedicado a los estudios estadísticos, para elaborar sus informes. En la última reunión del consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) del martes pasado, los representantes de los gobiernos nacionales reafirmaron que el criterio para clasificar los propósitos de las actividades gubernamentales solo puede ser el Cofog y que «cualquier intento de reformar o modificarlo supondría un retraso inaceptable» en las circunstancias actuales en las que el objetivo es reforzar la defensa europea lo más rápidamente posible y no contribuir a aumentar el déficit aleatoriamente.

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El ministro español, Carlos Cuerpo, intentó que se aceptara ampliar esa definición y llegó a poner en el espectro del concepto de defensa la protección contra el cambio climático, lo que no tuvo apoyos. Pero si es cierto que en la UE a todo el mundo le gusta que haya posibilidad de que las reglas sean flexibles y lo más sujetas a interpretación posible. Sin embargo, los ministros dejaron constancia en su declaración final de que existe una «opinión compartida» de que es mejor mantener la actual definición porque, como ha recordado un portavoz de la Comisión Europea «si hubiera que cambiar el marco reglamentario, eso necesitaría muchísimo tiempo, de lo que se deduce que mantener las reglas actuales tiene muchas ventajas».

Por otro lado, las mismas fuentes de la Comisión insisten en señalar que la ausencia de un presupuesto no sería un inconveniente dado que la legislación europea no ha tenido en cuenta que pueda haber Gobiernos que mantengan a sus países con las cuentas prorrogadas durante varios años, como es el caso del gabinete de coalición que dirige Pedro Sánchez. «El presupuesto español de 2023 fue aprobado por la Comisión y las reglas prevén que si se prorroga se considera que está igualmente aprobado automáticamente». Por ello España no ha presentado tampoco su plan presupuestario en el otoño pasado, como debía de haber hecho, algo que se prevé para casos excepcionales en los que la celebración de elecciones interfiere en el calendario político e institucional, no para Gobiernos que se niegan a hacerlo porque saben que no tendrían respaldo parlamentario para ello y no cuenta con el apoyo de sus aliados.

Sin embargo, las reglas europeas si que obligan al Gobierno a presentar antes de fin de abril el informe sobre el progreso de sus planes estructurales de control del gasto, en los que tiene que definir el destino del dinero público por sectores y partidas, para que la Comisión pueda distinguir los gastos militares que estarían fuera del cálculo del déficit si se aplica la cláusula de escape.

En su versión resumida, la clasificación de gastos Cofog reconoce como gastos militares a conceptos tales como «Defensa militar; la defensa civil; contribución a organismos militares internacionales, investigación y desarrollo en materia de defensa y gastos de defensa no incluidos en otras partidas».

El último apartado parecería que deja cierto margen a la interpretación, aunque en la versión más detallada del Cofog se especifica que en este apartado de gastos no incluidos se refiere expresamente a: «Administración, operación o apoyo de actividades como la formulación, administración, coordinación y supervisión de políticas, planes, programas y presupuestos generales en materia de defensa; preparación y aplicación de la legislación en materia de defensa; producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas de defensa; etc.» que no incluyen en ningún caso la lucha contra el cambio climático.