La UDEF destapa 180.000 euros en ayudas públicas a dos empresas de Tito Berni

La juez al frente del caso Mediador había pedido a la Policía que analizase todos los archivos de ayudas públicas recabados de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias a fin de «verificar si durante los periodos de mandato» de tío y sobrino participaron o intervinieron «en la tramitación de expedientes de cualquier índole concediendo ayudas de cualquier naturaleza a la Ganadería y/o Quesería Tetir y el resto de las entidades del ámbito familiar» de ambos en ese sector.

Y la respuesta, a la que tuvo acceso ABC, es positiva: al menos tres ayudas en favor de esas mercantiles en la etapa de Tito Berni y más de una docena estando al frente Taishet Fuentes. Además, dos clientes de la gestoría del exdiputado socialista se beneficiaron de ayudas en esas etapas consecutivas, entre ellos, un ganadero que está imputado en la causa por un pago en efectivo a la trama para conseguir una licencia.

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En cuanto a las ayudas, el informe detalla, por ejemplo, las partidas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) que recibió la ganadería en concepto de ayuda al productor de leche de cabra y oveja entre 2019 y 2022. Sólo el primer ejercicio, la ganadería percibió 29.350 euros y la quesería, algo más de 6.000. Ahora la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) analizará si se adjudicaron limpiamente.

Tito Berni fue titular de Ganadería Tetir hasta marzo de 2012, cuando la explotación caprina pasó a estar a nombre de su mujer y él quedó como administrador solidario, tal y como subrayaría en su declaración ante la juez al poco de ser detenido. Sin embargo, obvió este dato al acceder al cargo de director general de Ganadería y según la auditoría interna realizada por el Ejecutivo actual (Coalición Canaria-Partido Popular) a instancias del juzgado, esa ocultación está tipificada como «infracción muy grave» y habría podido dar lugar a que le abriesen «un expediente sancionador».

En concreto, la inspección concluye que Fuentes Curbelo «no presentó en los plazos establecidos en la ley» de incompatibilidades de altos cargos «sus declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales pese a dos requerimientos realizados». Fue una vez había cesado en el cargo, en febrero de 2020, cuando se avino a presentarlas.

Y «omite» en el apartado de «actividades privadas desempeñadas por sí o mediante apoderamiento o sustitución, al menos, dos de las empresas de las que es, junto a su esposa, administrador solidario», Quesos de Tetir y Ganadería Tetir. «Estas empresas están enmarcadas dentro del sector de ganadería, para lo que es nombrado director general, por tanto, podría haber entrado en conflicto de intereses», dice el análisis de la Dirección General de Modernización de la Consejería de Presidencia de Canarias.

Algo similar pasó con su sobrino, nombrado el 6 de marzo de 2020, cuando la baja de un diputado del PSOE aupó a Tito Berni al Congreso. No presentó en plazo la declaración de actividades y bienes «pese a realizarse el correspondiente requerimiento». En su caso, se apunta esta como infracción muy grave, no así el conflicto de interés, pese a que era su tío quien le dejaba en herencia el puesto y eran familiares las dos empresas que recibirían ayudas bajo su mandato.

El mismo informe dice que de los «pocos» expedientes que ha visto, no se desprende irregularidad. La juez, no obstante, tiene ya uno en el punto de mira, presuntas injerencias de Tito Berni de forma «más sutil» y su sobrino de manera «más directa» para lograr que uno de los empresarios de la trama, Alberto Montesdeoca, eludiese una sanción.

«La experiencia en el sector para el que se designa a un alto cargo, no significa que trabaje directamente en empresas del ramo», añade la inspección como propuesta interna de mejora. Tito Berni sí estaba en ese 'ramo' y a la luz del sumario, también encima de la Asesoría Tetir, pues, además de los audios y mensajes que revelan gestiones para distintos empresarios involucrados en la trama, consta un documento firmado por él y enviado a un cliente fechado en septiembre de 2019, siendo ya director general, por cuenta de la gestoría. El hijo del exdiputado, formalmente al frente del negocio, está ya imputado, tal y como informó este diario.

La tesis que van consolidando los investigadores es que captaba dinero con el pretexto de realizar gestiones para la implantación en la Zona Especial Canaria (ZEC) de tributación de distintas mercantiles, sobre todo después de que el Consorcio que lo gestiona haya respondido que no consta registro alguno por cuenta de esa gestoría ni de las empresas que habrían pagado por el trámite.