La UCO sólo analiza los contactos de la trama Koldo con Cerdán

En dicho auto, el magistrado solicitaba a los investigadores un informe sobre las «comunicaciones telefónicas» de los imputados de la trama en el Alto Tribunal «con especial referencia» a los mensajes que pudieran haber intercambiado el comisionista Víctor de Aldama con el exministro de Transportes José Luis Ábalos; su hijo Víctor; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres; «subordinados de éste, don Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo». El juez pidió que se remitiera el informe a la «mayor brevedad posible» y es en esto en lo que está la UCO, analizando las conversaciones y elaborando el documento solicitado.

La petición del instructor para que la Guardia Civil analizara las comunicaciones de Aldama con el secretario de Organización del PSOE llegó después de que el primero ratificara en el Supremo, el pasado diciembre, lo que ya aseguró en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional, tras salir de prisión por el caso Hidrocarburos: que entregó un sobre con 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del Partido Socialista, en la madrileña calle Ferraz, para que no se molestara porque, según le había trasladado el asesor del ministro, Koldo García, en el contexto de una licitación con una constructora, se había inmiscuido en el presunto control de la adjudicación en el norte, donde él tenía su «cupo vasco».

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En su comparecencia en sede judicial el comisionista también insistió en que el exasesor de Transportes le había pedido 50.000 euros para el ministro Ángel Víctor Torres, en la época en la que este presidía el Gobierno de Canarias, por las gestiones que habría realizado durante la pandemia para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, la principal investigada en el caso Koldo. Tanto Torres como Cerdán negaron dichas acusaciones, si bien el secretario de Organización del PSOE reconoció hace una semana en el Congreso haber hecho consultas sobre obras públicas, aunque negó que estas fueran «constitutivas de delito».

Además, según explican las mismas fuentes, la UCO también analiza los expedientes de contratación señalados como irregulares por Víctor de Aldama, quien aportó al Alto Tribunal un documento con anotaciones manuscritas del exasesor Koldo García. Este documento hacía referencia a determinadas obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras (DGC) y presuntamente preadjudicadas a ciertas empresas constructoras.

Así, el 23 de abril de este año, el magistrado Puente solicitó a los agentes que revisaran dichos expedientes de contratación. En concreto requirió a la UCO que «informe acerca del proceso de adjudicación de las obras que aparecen destacadas en fluorescente en la documentación» aportada por la defensa del comisionista con anotaciones en los márgenes que una prueba caligráfica confirmó eran de Koldo García.

Para ello, el juez ordenó entregar los documentos a los agentes y les encomendó «identificar a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de ellas» y fiscalizar el procedimiento de adjudicación.

Llegado el caso, recuerdan las fuentes consultadas, si se encontraran indicios de criminalidad en la actuación de cualquier aforado, se deberá tramitar el correspondiente suplicatorio a la Cámara Baja para poder iniciar una investigación formal, como ya se hizo con Ábalos al ser diputado del Grupo Mixto y a quien el Supremo investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.