El juez busca pruebas del tráfico de influencias en casa de Barrabés

Según la información recabada por este diario, la entrada y registro se fraguó bajo secreto sumarial y fue adoptada el jueves por el juez instructor, quien estableció que el velo debía permanecer mientras se practicase la diligencia a fin de garantizar que se desarrollase sin incidentes. Arrancó a las nueve de la mañana en la vivienda particular y la sede social de las empresas de Barrabés en Madrid, pero los agentes se desplazaron además al hospital donde está ingresado, también por decisión del instructor, para requerirle los dispositivos electrónicos que tuviera consigo y proceder a un volcado de las comunicaciones que tengan relación con los hechos.

En cuanto a las dependencias, la encomienda a los agentes era la de intervenir cuantos objetos o documentos en soporte físico o digital, incluidos los alojados en la nube o en servidores externos, pudieran tener relación con los delitos que se investigan, bien sea porque los favorecen o impulsan, bien sea porque revelan un intento de ocultarlos. El trabajo de los agentes de la UCO se prolongó durante toda la jornada y fue incautada abundante documentación que ahora tendrán que analizar y procesar para elevar conclusiones al juzgado.

Para acordar esta medida, Peinado parte de la declaración como investigado del propio Barrabés, quien explicó que había conocido a la mujer del presidente del Gobierno en el año 2019 y que, desde entonces, había mantenido reuniones con ella tanto en su propia oficina como en el Palacio de la Moncloa, donde también refería encuentros con Pedro Sánchez para abordar políticas de innovación. Añadió que colaboró en el máster que se impartía en la Universidad Complutense enmarcado en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, la misma que había sido creada para Begoña Gómez, que fue directora primero y luego codirectora. Especificó que cobró por las clases que impartió en esa titulación.

El juez se fija en que las empresas de Barrabés obtuvieron diversos contratos públicos durante todo ese periodo y desde que conoció a la mujer del presidente del Gobierno. No son sólo los ya conocidos adjudicados por el organismo Red.es a la empresa Innova Next, que concurrió con cartas de recomendación firmadas por Gómez y que están siendo investigados por la Fiscalía Europea. Tiene también en consideración adjudicaciones del Consejo Superior de Deportes, Renfe, el Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad Valenciana, entre otros que enlistó la UCO en un extenso informe, y aprecia por ello que concurren los elementos del tráfico de influencias que investiga. Pero lo que busca son pruebas directas y, de ahí, que acuerde el registro como única vía posible para acceder a la documentación y, sobre todo, las comunicaciones que pudieran contener las evidencias de cara a seguir adelante con la causa.

Se trata así de un movimiento clave, porque el análisis de la documentación podría resultar negativo y llevar a vía muerta esta línea de investigación refrendada al inicio por la Audiencia Provincial de Madrid y cercenada por el traspaso de la parte troncal a la Fiscalía Europea. Si, por contra, aflorasen las pruebas que busca el juez Peinado, se aceleraría camino de juicio. De fondo planea la resolución del recurso ante la Audiencia Provincial que interpuso la defensa de Gómez por la ampliación de los hechos objeto de investigación en la causa, que puede resultar una enmienda a la totalidad de la instrucción de Peinado, y la admisión de las dos querellas que interpusieron tanto ella como Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por prevaricación en su contra. Los tres asuntos se dirimen en septiembre. Mientras, este lunes testifican dos directivos de la Caixa y Reale, que financiaron el máster, además de un alto cargo del Grupo Barrabés y Leticia Lauffer, el vínculo con Globalia.