La UCO registra la Diputación de Badajoz por el caso del hermano de Pedro Sánchez

La causa, además de contra el hermano de Pedro Sánchez, se dirige también contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos del mismo organismo.

El movimiento llega después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, al frente de las pesquisas, requiriera a la UCO que investigue el patrimonio del hermano del presidente del Gobierno, así como los hechos denunciados por Manos Limpias.

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EP

La asociación de Miguel Bernad acusaba en su denuncia a David Sánchez de percibir un sueldo público como director de orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz sin ir a trabajar y de residir en Elvas (Portugal) para evitar pagar impuestos en España, siendo ésta la misma ciudad en la que el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, habría desviado mordidas, en base a una serie de publicaciones. Además, señalaba que el músico tiene un patrimonio valorado en unos dos millones de euros, a su juicio «desproporcionado» con sus ingresos y vida laboral.

Hasta ahora la magistrada, además de dirigirse a la UCO, ha recabado documentación sobre al contrato laboral del músico de la Diputación de Badajoz, organismo al que se volvió a dirigir el pasado 18 de junio para saber si existe un sistema de control de horario de entrada y salida así como la localización física del despacho donde el hermano de Sánchez desarrolla sus funciones de manera habitual.

Asimismo, libró un oficio a la Agencia Tributaria, solicitando un informe detallado sobre la situación fiscal del hermano de Sánchez, analicen si «tiene su residencia fiscal en España o Portugal» y si la primera opción sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz.

También reclamó a Hacienda un estudio sobre sus declaraciones tributarias de los últimos cinco años. Y que se evalúe si de «todos los datos y documentación de la que dispongan» puede determinarse un incremento de su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos.