La UCO pide al juez analizar las cuentas y productos bancarios de Pardo de Vera y del ex director general de carreteras

En un oficio de 30 de septiembre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comunicaba al magistrado Ismael Moreno que en la causa que se sigue ante el Tribunal Supremo por indicios que permiten apreciar irregularidades en adjudicaciones públicas en favor de determinadas empresas constructoras se aprecia que en esas actuaciones pudieron participar «otros actores fundamentales para el perfeccionamiento de las conductas» presuntamente delictivas. Así, explicaba que, dado que la investigación contra Pardo de Vera y Herrero reside en su juzgado de la Audiencia Nacional, debía acordar las diligencias que solicitaba en aras de esclarecer si ambos participaron de alguna forma de esas mordidas.

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Javier Lillo

«Siendo Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere», resalta la UCO en su oficio, al que tuvo acceso ABC.

Por eso, solicitan hasta doce mandamientos judiciales a entidades para acceder a los movimiento de las cuentas bancarias de los dos investigados. En uno de los anexos del oficio se detalla que Pardo de Vera es titular de hasta cuatro cuentas bancarias, mientras que Herrero aparece como titular o apoderado en más de treinta. En dos de ellas es titular la mercantil Polis Project, en la que consta como representante, y en otras la mercantil Palta Naturae.

Además, piden que se envíe otro mandamiento judicial a la Agencia Tributaria par que aporte un informe relativo tanto a Pardo de Vera como Herrero para el periodo comprendido entre los ejercicios 2017 a 2024. Interesan que ese informe de Hacienda incluya un análisis de las cuentas bancarias en las que figuran como titulares o autorizados, disposiciones o cobros en efectivo, transmisiones de valores, rentas explícitas e implícitas, cheques, fondos de inversión, bienes inmuebles y muebles, información sobre relaciones societarias, bienes en el extranjero e incluso donaciones que hubieran percibido, así como las declaraciones fiscales que hayan realizado.

El oficio recoge que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente indicó en el auto por el que dejaba en manos de la Audiencia Nacional investigar tanto a Pardo de Vera como a Herrero que de la investigación «se aprecian indicios consistentes respecto a que Pardo de Vera, en su calidad en ese momento de presidenta de ADIF, y don Javier Herrero Lizano, en su condición entonces de director general de Carreteras, hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones que en el mencionado informe se refieren, asistencia al aforado José Luis Ábalos (...) para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los distintos expedientes».

En el oficio destaca que la UCO subraye de manera literal que «los hechos (...) han revelado que, José Luis Ábalos y Koldo García (su asesor en el ministerio) habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras».