El Tribunal de Cuentas detecta «incumplimientos» en contratos de la fundación del caso Tito Berni
Un informe sobre los años 2020 y 2021 del órgano fiscalizador pone el foco en ocho contratos e insta a «introducir procedimientos internos adecuados»
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El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe de fiscalización sobre la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), salpicada en el caso Mediador, en el que aprecia incumplimientos en varios de sus contratos en los ejercicios de 2020 y ... 2021, concretamente en ocho de ellos, y refiere también que, en una decena, falta información. No obstante, supera y con opinión favorable, el dictamen del órgano fiscalizador.
En concreto, el informe concluye que «no se garantizó la mejor relación calidad precio» en ocho expedientes y «no se exigió garantía económica» en dos. En cuatro, los adjudicatarios «no acreditaron solvencia financiera y técnica» y en seis no se puede determinar el plazo de ejecución porque se fija en un acuerdo que consta en el expediente.
Asimismo, en tres de esos expedientes no consta la acreditación de la recepción del servicio o suministro y en otros tres, hay «fraccionamientos indebidos en el objeto de contratos menores».
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Aunque el organismo público supera, con opinión favorable, el estudio legal y de fiscalización del órgano fiscalizador, recibe distintas recomendaciones frente los incumplimientos detectados, así como frente a deficiencias en el cumplimiento de la normativa de personal y en materia de transparencia e igualdad: También ha excedido en 680.108 euros el límite autorizado por Hacienda para la contratación de personal temporal en el año 2021.
Concretamente, el Tribunal de Cuentas recomienda a Fiiapp que intensifique «los controles en el cumplimiento de la normativa contractual, así como desarrollar la normativa interna de gestión de proyectos«.
«La Fiiapp debe mejorar los procesos del sistema de información contable con la finalidad de permitir las actuaciones de control interno de la Intervención General de la Administración del Estado en el plazo legalmente previsto, y por lo tanto rendir las cuentas anuales en plazo y forma al Tribunal de Cuentas, así como abordar mejoras en los procedimientos de planificación estratégica y operativa, en lo que respecta a su diseño, evaluación y seguimiento de resultados», dictamina el Tribunal de Cuentas.
El avance del informe facilitado por el órgano que vigila el gasto público insta además a «fortalecer su sistema de control interno a través de la dotación de recursos técnicos y humanos y completar la integración informática de los sistemas de información en las áreas de contratos y gestión de proyectos».
Investigación de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea tiene abierta una investigación derivada del caso Mediador con el foco puesto en cinco contratos por cuenta de la Fiiapp financiados con fondos comunitarios y suscritos en los años 2020 y 2021, el mismo periodo al que hace referencia el informe del Tribunal de Cuentas, por importe total de 2,3 millones de euros, si bien suman 263.000 euros los lotes concernidos.
Están bajo sospecha de haberse adjudicado mediante amaños tras el pago de dádivas y regalos a un general de División de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, por cuenta del adjudicatario, el empresario valenciano especializado en tecnología de drones José Suárez Esteve. Según obra en el sumario, les puso en contacto un corredor de seguros que, de acuerdo a los investigadores, salía ganando en el negocio porque se encargaba de las pólizas del material suministrado.
Los indicios afloraron durante la investigación del conocido como caso Mediador en un juzgado de Tenerife, que analiza delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho e implica entre otros, al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a partir de la figura central de un conseguidor, Antonio Navarro Tacoronte.
La primera adjudicación bajo la lupa es de 2020 y corresponde a un lote de drones dentro de un contrato para el proyecto de Fiiapp Gar-SI Sahel en Mauritania que ascendía a 30,991,75 euros. El segundo, también de este año, era para la misma misión en su despliegue en Níger y el lote afectado suma 43,801,65 euros. En cuanto a los de 2021, son otros dos. Uno para el Gar-Si en Malí por importe de 14,000 euros y otro para CP Public Spaces, otro proyecto de Fiiapp en el área de seguridad que debía suministrar sistemas de detección de drones a una base de entrenamiento: fueron 174.000 euros.
El fin del informe
El fin del informe del que se han avanzado las conclusiones es analizar las causas del retraso en la redención de cuentas de la entidad, comprobar si las las mismas representan una imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la entidad así como verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Además de los «incumplimientos» detectados respecto a la normativa de contratos, el órgano fiscalizador señala «determinadas deficiencias» en el cumplimiento de la normativa de personal así como en material de transparencia e igualdad. Del mismo modo, apunta a debilidades en la gestión - concretamente en los sistemas de control interno - y «deficiencias en los sistemas de planificación y programación y de medición de los resultados obtenidos en su cumplimiento y en la gestión de los proyectos que ejecuta».
Por ello, en el informe de 11 páginas, hecho público este jueves, se recomienda intensificar los controles en el cumplimiento de la normativa contractual, así como desarrollar la normativa interna de gestión de proyectos. Si bien tacha de «insuficiente» la financiación que la Fiiapp recibe desde los Presupuestos Generales del Estado.
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