Tres detenidos por la muerte en Cádiz de cinco inmigrantes arrojados al mar desde una narcolancha

El día de los hechos una embarcación de alta velocidad, de 12 metros de eslora y tres motores, con más de 30 migrantes hacinados a bordo, realizó un primer desembarco a la fuerza de inmigrantes frente a la playa de Camposoto, obligando a esas personas a saltar al agua en una zona con fuertes corrientes y donde no hacían pie.

Una vez abandonaron a su suerte en esas circunstancias a la mayoría de ellos, los criminales pusieron rumbo a la entrada del caño de Sancti Petri. A bordo aún viajaban nueve personas que se habían aferrado a la embarcación ante el temor de abandonarla porque como sus compañeros no sabían nadar. Todos ellos fueron obligados a saltar al agua a punta de machete, llegando a cortar varios cabos a los que varios se habían agarrado como única vía de salvación. Una vez se deshicieron de ellos abandonaron la zona a toda velocidad.

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La solidaridad humana funcionó en esas circusnstancias y varias personas que se encontraban y vieron lo sucedido se dirigieron a la zona donde habían tenido lugar los hechos para socorrer a los inmigrantes. Pudieron salvar a algunos, pero cinco perdieron la vida antes de que pudieran recibir ayuda. En un primer momento fueron recuperados cuatro cuerpos sin vida y un quinto días después gracias a la identificación por el ADN obtenido de sus familiares en Marruecos en colaboración con una ONG.

Abierta de inmediato una investigación, bautizada como 'Phantom-Yamal', se pudo conocer el itinerario realizado desde Marruecos -habían zarpado de Kenitra- además del importe pagado por los inmigrantes, que oscilaba entre los 3.000 y 12.000 euros. Los agentes consiguieron localizar la embarcación utilizada y documentos clave para esclarecer el homicidio múltiple. Con toda esa información en la mano, este mes han detenido durante tres registros domiciliarios en Cádiz y Granada a dos hombres, de 45 y 39 años, uno de ellos el presunto patrón de la embarcación, y a una mujer, de 46. Se les acusa de delitos de organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidio, lesiones y contrabando.

Durante la investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Fernando, se ha contado con el apoyo técnico de Europol con dos analistas del centro europeo contra el tráfico ilícito de personas.