Transportes tiene aún 1,2 millones de euros en mascarillas en el sótano del ministerio

El informe, que detalla un rosario de irregularidades en el procedimiento de compra, como que el entonces ministro José Luis Ábalos firmase dos órdenes que, en el lapso de 38 minutos, duplicaban el pedido de mascarillas para Puertos del Estado sin que se hubiese justificado que era necesario, subraya la falta de acreditación documental de que las mascarillas llegasen a su destinatario final.

Constan del primer contrato de Puertos del Estado, más de 2,8 millones de mascarillas «sin acreditar documentalmente su recepción», lo que equivale a casi 7,3 millones de euros en material sanitario. En el caso del segundo contrato, de Adif, superan el millón cien mil las actas sin acreditar documentalmente, lo que significan casi tres millones de euros en material sanitario del que no consta fehacientemente que llegara a donde debía, pese a que sí figura que se pagó.

Noticia Relacionada

Ábalos duplicó en 38 minutos el pedido de mascarillas a la empresa del caso Koldo

Isabel Vega

La auditoría de Transportes revela que el cambio se acometió sin justificar la necesidad y porque era la oferta que hacía la empresa

Pero además, «se aprecia falta de control de los 4 millones de mascarillas con destino al sector de transporte terrestre y al personal del Ministerio de Transportes» porque no se sabe qué acabó dónde. Tampoco hay constancia de que las comunidades autónomas, Correos y las empresas ferroviarias recibiesen cerca de medio millón de cubrebocas.

En este punto, la auditoría se detiene en un asunto. Tres cargos del ministerio (el entonces DGOI, el Oficial Mayor y el Jefe de Servicio de Régimen Interior) «coinciden en indicar» que Koldo García, asesor del ministro Ábalos y principal investigado en la Audiencia Nacional, «llevó al Ministerio de Transportes dos palés con unas 25.000 mascarillas, de lo que tampoco hay acta de recepción».

«Este lote, indican todos los entrevistados, fue custodiado por el entonces asesor del ministro y por el subteniente de la Guardia Civil bajo llave en un almacén del ministerio, y retirado por ellos en un momento posterior, sin que tampoco conste documentación de la retirada, aunque sí conocimiento oficioso por los entrevistados. Preguntados el Oficial Mayor y el entonces DGOI por esta llave, confirman que así era, y que era como si lo hiciera el ministro», añade la auditoría en relación a Ábalos.

El informe, presentado por Puente este viernes en el Senado y difundido en la web de su departamento, está censurado vetando los nombres, pero hay coincidencias. Un subteniente de la Guardia Civil que desempeñaba funciones de seguridad en la sede de Transportes, José Luis Rodríguez, está investigado en la Audiencia Nacional por sus vinculaciones económicas y personales con Koldo García y otros individuos de la trama, incluido el auténtico responsable de Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto.

«Se ha de destacar la falta de control inicial de mascarillas en el Ministerio, y especialmente el papel desempeñado por el entonces asesor del ministro, Koldo García, dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas (instrucciones que en todo caso están reservadas al órgano de contratación)», dicen los funcionarios de la inspección. Desde esa posición de control, habría llevado las 25.000 referidas al ministerio sin que constase en ningún lado.

La inspección pone sobre la mesa otros asuntos, incluida una batería de recomendaciones para atajar los conflictos de interés y las influencias que puedan ejercer sobre los funcionarios competentes para una adjudicación, otros que siéndolo, no tienen esas potestades, como es el caso claro de Koldo García. También van recados sobre la prevención ante perfiles como el del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, la persona que hizo de puente entre el ministerio de Transportes y Soluciones de Gestión.

De él, la auditoría refiere lo que ha preguntado a perfiles como el del exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, imputado y citado a declarar el próximo mes de septiembre. A los funcionarios les constaban emails intercambiados entre él y Aldama, y cuando le interrogaron al respecto, dijo que le consideraba «más parte del ministerio que de la empresa» adjudicataria. »Es una figura gris que no soy capaz de dilucidar. Negociaba aviones como habilitado por el Ministro», dijo a la inspección.

«Preguntado el Oficial Mayor por esta cuestión, confirma que hacía visitas a la sede central del Ministerio, a nivel ministro», añade el informe, que en su apartado de conclusiones retoma este asunto para denunciar que Aldama «accedía al ministerio de manera quasi ordinaria».

Pero el quid de la cuestión sigue siendo quién dio la orden de contratar a Soluciones de Gestión e impuso así que fuera esa empresa y no otra. Es en lo que centra sus esfuerzos la Audiencia Nacional y la razón por la que el juez ha citado como imputados a Sánchez Manzanares, Gómez García y Miranda Paniagua el mes que viene. La Guardia Civil, como la Fiscalía Anticorrupción, presumen que ejercieron presión para que se diese el contrato a esa mercantil que un año antes había facturado cero euros. Y el instructor quiere saber por cuenta de quién.

En la auditoría todos los caminos llevan a la expresión «el ministro o su gabinete». «A partir de la documentación analizada y de lo declarado por los entrevistados, no se puede determinar quién contactó con la empresa Soluciones de Gestión, más allá de las afirmaciones realizadas por los entrevistados, que parecen apuntar al entonces ministro o su Gabinete», dice en concreto.

Refiere que «el Subsecretario y el entonces DGOI señalan que las negociaciones con la empresa Soluciones de Gestión, así como la modificación del objeto de la emergencia, que finalmente coincide con lo ofertado por la empresa, se realizaron a nivel ministro y gabinete del ministro. Por su parte, el entonces Secretario General de Puertos del Estado indica que asumió todo lo que la Orden ministerial indicaba, así como la empresa que el ministerio le hizo llegar a través de la Subsecretaría».

En espera de lo que declaren ante el juez, el informe sí esclarece que según el ya ex subsecretario, la oferta se la hizo llegar en papel Koldo García, que en su secretaría se escaneó y se envió al órgano de contratación. Y que «la oferta de la empresa adjudicataria es aceptada por el órgano de contratación sin que parezca que exista mayor motivación para el órgano de contratación que su procedencia del Ministerio (al parecer, del Gabinete del Ministro)».