Tragsa trata de cerrar la crisis de la contratación de Jessica Rodriguez con el cese de un mando de tercer nivel

Tragsa, después de buscar responsables de su absentismo y valorar medidas, como avanzó ABC, cesó a Caridad Martín Palacios, gerente del área de Desarrollo Rural y Política Forestal.

La profesional de tercer nivel en el organigrama de la compañía puso su puesto a disposición de la empresa, según trasladaron fuentes internas, a pesar de que por encima de ella habría dos responsables más de la contratación: el jefe de su departamento y el director de Recursos Humanos.

«El Grupo Tragsa está llevando a cabo una investigación interna al respecto con el fin de tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades», trasladaron este viernes a los medios desde la compañía, que trató de disuadir la crisis con el cese de un cargo apenas sin responsabilidad.

Fuentes internas extraoficiales informaron de que el departamento de Auditoría no tomó medidas en su momento, a pesar de que Rodríguez no acudió a su puesto de trabajo entre marzo y septiembre de 2021.

Afirmaron que la compañía realiza cientos de contrataciones anuales y que, en el proceso selectivo para incorporar a siete administrativos en el que entró Jessica Rodríguez, se valoró su experiencia previa en otra empresa pública, Ineco, en la que también fue colocada por el asesor de Ábalos, Koldo García, y su hermano Joseba García, quien trabajaba allí. A dicha compañía -según reconoció también Jessica Rodríguez como testigo ante el magistrado Leopoldo Puente que investiga a Ábalos por delitos de corrupción- nunca acudió tampoco a pesar de cobrar mensualmente 900 euros durante dos años, desde marzo de 2019 hasta marzo de 2021.

Tragsa, con más de 26.000 trabajadores y una cifra de negocio de 873 millones de euros, dispone de programas de fichaje y códigos contra la corrupción, pero en el caso del puesto de Jessica Rodríguez no saltó ninguna alerta.

Hace meses que en Tragsa se revisa la información sobre la contratación de Jessica Rodríguez para preparar los argumentos de la empresa en defensa del proceso selectivo, según ha podido saber también este diario.

La declaración este jueves de Jessica Rodríguez cayó como una bomba en las oficinas centrales de la compañía. Sus afirmaciones, que fueron calificadas de «impactantes» por los abogados que la presenciaron, obligaban a tomar medidas.

La mujer reconoció haber vivido entre 2019 y 2022 en un piso con un alquiler de 2.700 euros mensuales costeado por el empresario Víctor de Aldama, que presuntamente pagó comisiones ilegales al ahora diputado para conseguir contratos públicos. El piso se encontraba en el lujoso edificio Torre de Madrid de Plaza de España y Ábalos, según ella, le instó a elegirlo. Lo escogió por estar «cerca de Ferraz (por la sede del PSOE) y de mi universidad», afirmo.

También que fue Ábalos quien le instó a trabajar a la vez que estudiaba antes de que Joseba García, hermano del asesor del exministro, Koldo García, la colocara en Ineco, a donde únicamente fue a recoger un ordenador portátil para fichar.

Una vez se le acabó el contrato allí, en febrero de 2021, escribió a Ábalos y menos de un mes después, tuvo un contrato en Tragsa que «debió de cambiar Joseba», afirmó ante el magistrado, según fuentes jurídicas presentes. La compañía dependiente del Ministerio de Agricultura defiende el proceso de su contratación, pero ella dijo que «no tenía interés en el puesto» y ni siquiera recordó dónde estaban las oficinas a las que tenía que acudir.